“Me enteré de que sería deportado a África apenas unas horas antes del vuelo. Nadie me lo notificó, lo descubrí yo mismo por casualidad al alcanzar a ver mi nombre en la lista de personas que, sin saberlo, seríamos trasladados a Liberia, un país del que nunca antes había oído hablar”, relató C. al diario español El País.
El venezolano, de 36 años, que llevaba cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos, prosiguió: “No tuve tiempo de defenderme legalmente ni de despedirme de mi familia. No pude hacer nada: ya estaba todo decidido”.
El 19 de agosto, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo embarcaron en un vuelo chárter que despegó desde Alexandria, Luisiana, deportándolo a Liberia, en África Occidental, junto a otros ciudadanos procedentes de América Latina, el Caribe y el África subsahariana.
Se trata del primer grupo de las cerca de 1.200 personas en total que el gobierno liberiano de Joseph N. Boakai aceptó recibir en el plazo de un año mediante uno de los mayores acuerdos bilaterales suscritos por la Administración Trump en el marco de su política antiinmigración.
A la llegada a la capital, Monrovia, de las 20 personas destinadas a Liberia, seis se habrían negado a bajar del avión y fueron deportadas posteriormente a Malabo, en Guinea Ecuatorial.
Las personas que se quedaron en Liberia, como C., llevan más de una semana pasando los días en un hotel de Marshall —una ciudad costera a unos 50 kilómetros de la capital— adonde fueron trasladadas justo después del desembarco y del que nadie sabe cuándo saldrán.
C., que cuenta con esta protección, jamás imaginó terminar en uno de los países más pobres del mundo. Pasó toda su vida en la región de los Andes venezolanos y salió en 2021, acorralado por la crisis política y económica.
“Como opositor político, arriesgué mucho en mi último año allá. Huí de Venezuela porque estuve a punto de que me mataran”, relató. Una vez en EE. UU., obtuvo un permiso de residencia temporal con renovación anual que le permitía trabajar legalmente en el país.
“De día trabajaba en la venta de vehículos y por las noches entregaba comida a domicilio. Llevaba una vida normal, respetando la ley”, contó. “Un día de diciembre de 2025, me presenté en las oficinas de inmigración para los controles de rutina. Después de una media hora, me dijeron que me iban a detener, que tenían que hacer una investigación especial sobre mi caso y que me mantendrían en custodia durante las dos semanas siguientes hasta tomar una decisión”.
Esas dos semanas se convirtieron en ocho largos meses de detención administrativa que terminaron en un traslado forzoso a un país con el que C. no tiene ningún vínculo familiar ni legal, y del que ni siquiera conoce el idioma.
“En ocho meses me trasladaron por nueve centros de detención diferentes. Son lugares donde nadie querría estar: sucios, llenos de ratas. Son centros donde también hay personas que han cometido delitos, pero yo soy inocente”.
Lo que más lo conmueve es no haber podido ver nacer a su único hijo. “Cuando nació, yo ya estaba detenido. Ahora tiene cinco meses y no puedo abrazarlo; solo puedo verlo por videollamada. Son cosas que no se le desean a nadie”.
El poco consuelo que le queda es que, a diferencia de otros deportados en África, no ha terminado en una prisión. El gobierno liberiano aseguró que las personas deportadas a Liberia serían libres de moverse por el país, solicitar asilo allí o marcharse.
Fuente. El País
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