Texas tiene una reputación bien ganada por el uso de la pena de muerte. El año pasado, Lone Star State ejecutó a ocho reclusos, más que cualquier otro.
Pero un vacío legal en la ley de Texas significa que los venezolanos acusados de agredir a Jocelyn Nungaray, de 12 años, durante dos horas, estrangularla y luego arrojar su cuerpo atado y maltratado en un pantano podrían evitar enfrentarse a la cámara de ejecución, si son convictos.
Dos inmigrantes ilegales venezolanos han sido acusados de asesinato capital por la brutal muerte de Jocelyn en Houston.
Franklin José Peña Ramos, de 26 años, y Johan José Rangel Martínez, de 21, están detenidos con una fianza de 10 millones de dólares.
La fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Og, dijo que su oficina no ha descartado la pena de muerte, pero advirtió que los cargos actualmente no le permiten a su oficina solicitar una sentencia letal.
En Texas, solo el asesinato de niños menores de 10 años hace que un acusado sea automáticamente elegible para la pena de muerte, si es declarado culpable.
“Nuestras leyes tratan la edad de las víctimas de manera diferente y han cambiado el límite. Solían ser niños menores de seis años”, dijo ante el tribunal el martes.
Posteriormente, el estado elevó la edad de la víctima por asesinato capital a 10 años y luego a 15 años.
Sin embargo, dijo Ogg, para los asesinos que matan a niños mayores de 10 años, “la legislatura retiró la pena de muerte y, en cambio, sugirieron que la cadena perpetua sin libertad condicional sería la (sentencia) apropiada”.
Fuente: La Patilla
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junio 25, 2024
