Es hora de que los partidos democráticos, sin miedos injustificados, rescaten el 11 de abril, como patrimonio político de la democracia, porque el pueblo sí hizo lo suyo
Como es mi costumbre, vuelvo al escenario histórico del 11 de abril de 2002. Lo hago todos los años como una obligación indelegable de un demócrata comprometido con el destino y el futuro de Venezuela. He planteado en varias oportunidades que todos los factores democráticos del país, sin excepción alguna, quizás por temores infundados, han acumulado una deuda moral con los venezolanos que aman y defienden la democracia; especialmente con el pueblo de Caracas. La reivindicación democrática, cívica y pacífica de la manifestación pública del 11 de abril de 2002, está pendiente. Es inexplicable que la MUD, por ejemplo, se haya prejuiciado con respecto a ese evento, hasta el punto que ha contribuido, con su silencio, a que el régimen haya opacado la trascendencia democrática de aquella colosal jornada de calle; la más trascendente del último medio siglo.
Es obvio que al modelo político, de marcada tendencia militarista y nazifascista, le conviene que el pueblo olvide la verdadera importancia de esa fecha, puesto que ese día, casi dos millones de hombres y mujeres pacíficos, sin “armas blancas ni negras”, y con un mensaje de reciedumbre popular, hizo correr a los principales cómplices de quien ya preparaba la tragedia nacional que hoy estamos padeciendo. Algunos fugitivos, incluso se refugiaron en sus embajadas amigas, mientras que el principal culpable de la desgracia nacional actual y de la hambruna que ya empieza a manifestarse, pegó un carrerón que fue a parar a una isla de difícil acceso; isla emblemática por haber sido, en el pasado, un antro pornográfico, donde otro dictador realizaba las orgías que acostumbraba protagonizar con sus cómplices de confianza.
También es obvio que la marcha fue emboscada por francotiradores estratégicamente ubicados, quienes, en complicidad con pistoleros al servicio del régimen, asesinaron a 20 o más inocentes, totalmente desarmados, solo por el hecho de participar en esa manifestación que le pedía la renuncia al dictador de turno. Los crímenes cometidos, con premeditación y alevosía, constituyen delito de lesa humanidad y se pueden calificar como un genocidio. Al recordar que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas por francotiradores, según opinión del Ministerio Público, es obligante puntualizar que en esa zona de seguridad, sólo el gobierno nacional tenía posibilidades de colocar francotiradores. Las deducciones pertinentes les corresponden a ustedes, amigos lectores.
Es hora de que los partidos democráticos, sin miedos injustificados, rescaten el 11 de abril, como patrimonio político de la democracia, porque el pueblo sí hizo lo suyo.