Desde la semana pasada, vienen recrudeciendo la acción los cuerpos de seguridad, lo que según expertos, atenta contra los estándares de DDHH. CODHEZ maneja que 21 personas fueron presentadas en tribunales militares, de estas, 14 siguen encarceladas
Desde el pasado 4 de abril, las protestas contra el Gobierno nacional, no solo persisten, sino que se incrementan en la entidad zuliana con el recrudecimiento del uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de civiles violentos que enfrentan a los manifestantes. El saldo: 177 aprehensiones, un muerto y caso de tortura, esto sin contar las decenas de heridos que aumenta en cada evento y de la cual no hay cifras oficiales.
Las acciones de los cuerpos de seguridad vienen cobrando un nuevo tono: Lanzan bombas lacrimógenas sin importar que hayan residencias y escuelas alrededor, afectando por igual a niños y ancianos; además hay un caso de trato cruel a un niño wayuu, quien señala a efectivos militares de haberlo quemado, lo que unido a la muerte del estudiante Paúl Moreno (24), toca la fibra humana de un reclamo que se mantiene.
Al igual que en otros estados, muchos de los detenidos están siendo presentados en tribunales militares, lo que infringe el artículo 49 de la Constitución que dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales.
Los dígitos hablan por sí solos. Daniela Parra, directora general de Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), indicó que los 177 detenidos son de los municipios Maracaibo, Sucre, Rosario de Perijá, Machiques, Cabimas, Ciudad Ojeda y Lagunillas. La mayor cantidad de arrestos es en la ciudad marabina.
“Vemos con preocupación que a la mayoría de los privados de libertad los aíslan. No les permiten visitas. En el caso de las personas de Rosario de Perijá, le dijeron a los familiares que los llevaron a otro lado. Después, el fiscal de Machiques afirmó que seguían en La Villa. Finalmente, se constató que estaban en el CICPC en Maracaibo. No sé con qué intención hacen esto, pero igual demuestra la dificultad de acceso y comunicación de los parientes”, declaró Parra en entrevista con La Verdad.
Fuera de los estándares de DDHH
Durante las últimas semanas, hay peores abusos que los registrados en el 2014, esto según Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, quien explicó a este rotativo que el uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza. Los funcionarios se exceden, violentando los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
“Los bloqueos que impiden que los manifestantes hagan uso de los espacios públicos es el primer detonante de la violencia. Después, se produce esta respuesta desmedida por parte de los policías y militares, que consiste en el uso indiscriminado de sustancias tóxicas como bombas lacrimógenas que son disparadas, no solo con el fin de dispersar la manifestación, sino para generar el máximo daño físico a las personas, ya que las lanzan de forma horizontal”, expuso Rodríguez.
Rechazó que el general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, califique las manifestaciones como “insurgencia armada”, esto insta a los uniformados a actuar como lo vienen haciendo. “Estigmatiza a los manifestantes como terroristas”, acentuó el experto, quien rechazó el Plan Zamora, una unión cívico-militar para el orden público, que “incluye el paramilitarismo en Venezuela”. “Lo más preocupante de todo este plan es que impone una lógica bélica para tratar las protestas”.
Los artículos 78 y 80 de la Constitución establecen la obligación del Estado de garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como de los ancianos. Lanzar lacrimógenas en zonas residenciales con escuelas y fundaciones de adultos mayores, no avala este principio.
Odamelia Rodríguez, exdirectiva del Consejo Estadal del Derecho antes de la reforma de la Lopna en el 2007, subrayó que las acciones castrenses no han tenido cuidado en respeto a los derechos de infantes y viejitos.
Destacó que los responsables, no solo son los guardias, sino las autoridades civiles municipales, regionales y nacionales competentes. Deben asegurar que las marchas y concentraciones no pasen por zonas susceptibles como colegios y ancianatos.
Cifras por manifestar en Zulia (Fuente CODHEZ)
177 detenidos, de los cuales la mayoría fueron liberados.
21 fueron presentados en tribunales militares.
14 de los procesados militares siguen encarcelados.
1 menor torturado.
1 muerto, atropellado por una camioneta que atravesó una barricada a toda velocidad en Maracaibo.
Casos destacados
5 de mayo
En una protesta derribaron y quemaron la estatua de Hugo Chávez en la plaza que lleva su mismo nombre frente a la Alcaldía de Rosario de Perijá. Las manifestaciones no han cesado. Hay 16 imputados.
8 de mayo
La GNB dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y perdigones en las adyacencias de la Gobernación del Zulia, sin considerar que cerca hay una zona residencial, además de un colegio, la Fundación Casa Mía, el Hospital Central y el Seguro de Veritas.
10 de mayo
La emboscada de la GNB sorprendió con lacrimógenas a la sociedad civil que marchó a la sede de la Circunscripción en Zulia, antiguo Banco Mara. El gas químico afectó por igual a niños de escuelas de la zona.
12 de mayo
Manifestantes cerraron las vías principales en Caja Seca, municipio Sucre. Denunciaron una fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad.
18 de mayo
En las redes sociales se viralizó el video de un niño wayuu, de 11 años, que fue quemado con bombas lacrimógenas por parte de efectivos de la GNB en Maracaibo.
Una mujer cruzó a toda velocidad una barricada, matando con su camioneta Hilux a Paúl René Moreno Camacho (24), estudiante de Medicina y miembro de los Cruz Verde.
diciembre 5, 2024
