El año de los 366 días y un segundo ha dejado una huella imborrable en la vida de los venezolanos
De enero a diciembre, el Presidente de la República dictó tres decretos de emergencia económica de sesenta días más sus prórrogas de la misma duración, a fin de acabar con la “guerra económica” y “todas las amenazas que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos”. Estos decretos estuvieron acompañados de sentencias de la Sala Constitucional que limitaron las funciones de la recién electa Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad del pueblo que se manifestó en diciembre 2015.
El tercero de los decretos incluyó en sus considerandos “la efectividad del estado de emergencia en la protección del pueblo”. Sin embargo, durante la vigencia de estos decretos ha sido difícil evidenciar una mejora en el acceso a los bienes y servicios necesarios para que los habitantes de la República puedan vivir de manera digna “logrando así la suprema felicidad del pueblo y la soberanía alimentaria que en definitiva desmonte la guerra económica que asedia a nuestra patria”. El deterioro de la vida de los venezolanos es cada vez más evidente.
En la primera semana de junio, la muerte de los hermanitos González, una niña de sólo meses y su hermano de dos años, despertaron las alarmas de las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en el Zulia. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira y Codhez denunciaron en el mes de julio éstos y otros casos de desnutrición de niños indígenas. Desde entonces no han cesado las reseñas de medios de comunicación de casos de niños afectados por el hambre en las zonas más pobres de la región. Las iniciativas de la sociedad civil han sido de gran apoyo para atender casos de familias completas que no tienen cómo comprar su comida, así como han servido de redes para adquirir medicamentos en casos de gran urgencia. Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil han insistido en la necesidad de abrir canales de ayuda humanitaria para atender el número creciente de casos que requieren medicamentos o insumos que son de difícil o imposible acceso en Venezuela. Las constantes denuncias llevaron a que el 10 de agosto, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon afirmara que “Venezuela enfrenta una crisis humanitaria”.
A ello debe añadirse la carencia en los servicios básicos como el acceso al agua potable, el servicio de energía eléctrica e incluso la dificultad de acceso a internet y las comunicaciones. Han sido tantos los hechos trascendentales de los últimos meses de 2016 que resulta fácil olvidar cuánto afectó el racionamiento programado de la energía eléctrica en la mayoría de las regiones del país. La aplicación del racionamiento en el Estado Zulia trajo consigo reiteradas protestas y algunos saqueos desde el inicio de su aplicación el 23 de abril. Por ello, el 12 de mayo el entonces Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, en una rueda de prensa anunció que se habían tomado las medidas pertinentes para acabar con “la agenda de la derecha venezolana para desestabilizar y atentar contra el orden público”. Estas medidas incluyeron la persecución de personas vinculadas a movimientos políticos y a las manifestaciones de 2014. Por ejemplo, entre las personas señaladas se encontraba Jesús Chirinos, un joven militar que fue detenido en mayo al hacer un allanamiento sin orden judicial en su casa, fue maltratado y luego imputado de detentación de artefactos explosivos, iniciando así un proceso judicial plagado de irregularidades. Por otro lado, en la misma rueda de prensa se mostraron las declaraciones de un joven que alegaba haber recibido dinero de Lester Toledo, activista del partido Voluntad Popular, para realizar actividades delictivas que incentivaran el caos. A raíz de estas declaraciones recrudeció la persecución contra el líder político, quien manejaba una fuerte campaña contra del gobernador del estado Zulia por presunta corrupción.
No puede hablarse de los procesos judiciales sin hacer mención a dos factores que han afectado a la administración de justicia en el estado Zulia y, por ende, al debido proceso. En primer lugar, debido al plan de racionamiento eléctrico la jornada de trabajo de la administración pública fue reducida por un período en el que llegó a trabajarse solo dos días por semana, afectando la cuenta de los días de despacho y alargando todos los lapsos.
En segundo lugar, y es un motivo que aún causa preocupación, el estado Zulia no cuenta con centros de reclusión suficientes, sobre todo desde que el 6 abril se decidiera desalojar el Retén El Marite y se trasladaran a los más de 2.000 reclusos que allí estaban a otros centros pequeños y sobrepoblados del estado Zulia o de otras regiones. La mayoría de los trasladados eran procesados que ahora tienen dificultades para acceder al tribunal de control y así continuar con sus procesos judiciales. El desalojo de El Marite debía ser una medida temporal de 30 días, según la ministra Iris Varela. Sin embargo, al cierre de 2016 la promesa de la Ministra no se ha cumplido.
También, durante el mes de abril, el día 27, comenzó la recolección de las firmas para activar el referendo revocatorio presidencial. Según las directrices del CNE, un total del 1% del electorado por cada entidad federal debía validar sus firmas para proceder a una segunda fase de recolección de firmas, esta vez del 20% del electorado. Para el estado Zulia sólo eran necesarias 23.991 firmas en esta primera fase. No obstante, más de 38.000 personas fueron a las sedes del CNE en el estado Zulia del 20 al 24 de junio y validaron exitosamente sus rúbricas.
Esta recolección de firmas fue un factor que incrementó la persecución por motivos políticos en el ambiente laboral. Una vez se publicó en la web del CNE la base de datos de las personas que debían validar sus firmas, inició una oleada de despidos en algunos entes gubernamentales. En el SENIAT fueron más de 500 a nivel nacional, 7 casos en el estado Zulia. Además, el 27 de junio se conoció la desincorporación de algunos beneficiarios del programa de becas universitarias Jesús Enrique Lossada por haber participado en la validación de firmas para el referendo revocatorio presidencial. La decisión fue revertida por el Gobernador del Estado Zulia unos días después, el 3 de julio.
Con posterioridad, el 21 de octubre, el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia suspendió los efectos de la recolección del 1% de las firmas para la solicitud del referendo revocatorio por presunto fraude y usurpación de identidad, siendo el estado Zulia la sexta entidad donde un tribunal penal dictó una sentencia similar. Aun cuando la comisión de estos delitos sigue en investigación y no se tienen responsables puntuales, la posibilidad de efectuarse el referendo revocatorio antes del 10 de enero de 2017 quedó eliminada, afectando así los derechos políticos de todos aquellos que manifestaron su voluntad de activar ese mecanismo constitucional.
Debido a esta suspensión, el día 26 de octubre la oposición convocó a una marcha en las grandes ciudades del país, La Toma de Venezuela. En Maracaibo se desarrolló el recorrido inicial sin irregularidades, pero cuando los manifestantes tomaron rumbo hacia el municipio San Francisco en la Circunvalación 1 fueron atacados por un grupo de motorizados quienes estaban siendo supervisados por policías de ese municipio. Cinco personas fueron heridas, tanto por balas como por piedras, y el gobernador Arias Cárdenas anunció que los hechos serían investigados y los responsables sancionados. Poco después se señaló como uno de los presuntos responsables de los hechos violentos a Danilo Vílchez, comisionado de la Policía del Municipio San Francisco.
Siguiendo con la situación de los derechos civiles y políticos en este año que cierra, no puede dejarse a un lado la afectación a la libertad de expresión, tanto a través de medios convencionales como en redes sociales. En el mes de enero, Diosdado Cabello comentó en su programa semanal que un nuevo tuitero, @ArepaZombie, había sido detenido por instigar al odio a través del contenido publicado en la red social. Además, en la mencionada rueda de prensa de González López, quien ahora está al mando del SEBIN, hace mención a los planes de los organismos de seguridad de acabar con “la incitación al odio y la desestabilización a través de las redes sociales”. Por otro lado, la libertad de prensa también ha sido golpeada este año con medidas como la limitación en el acceso al papel periódico. Los diarios regionales Qué Pasa, El Regional y La Verdad salieron temporalmente de circulación durante varios días por dicho problema.
Por otro lado, no puede hacerse mención a la situación de los derechos humanos en el estado Zulia sin destacar cómo se ha visto afectada la Guajira venezolana. El cierre de la frontera colombo-venezolana representa una trasgresión directa al pueblo indígena Wayuu, que desconoce límites territoriales en sus tierras ancestrales. Cabe destacar, además, que a mediados de año, cuando el paso legal entre un país y otro sólo se permitió a peatones, comenzaron importaciones de productos básicos colombianos que llenaron las alacenas de los mercados zulianos a precios muy por encima del establecido en la ley para productos similares producidos en el país.
Aun cuando se decretó la desactivación del Distrito Militar en el mes de julio, la militarización de la Guajira se evidencia en la cantidad de puntos de control tanto del Ejército venezolano como de la Guardia Nacional en toda la Troncal del Caribe. El tránsito entre fronteras no fue el único afectado en 2016, pues actualmente se mantiene una frontera virtual marcada en el puente sobre el Río Limón, que restringe el paso de todo el que habita en La Guajira hacia el sur del estado Zulia. La militarización de la Guajira en el 2016 sumó 4 víctimas de muertes violentas presuntamente a manos de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, y aunque están siendo investigadas la mayoría de las irregularidades denunciadas por el Ministerio Público, todavía se mantienen impunes las 22 muertes en la zona registradas desde 2010.
Un diagnóstico de los derechos humanos en 2016 estaría incompleto si no se mencionara que el 1 de noviembre el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones en el Examen Periódico Universal, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde todos los Estados deciden hacer una revisión del desempeño de cada Estado en el resguardo de los derechos humanos de sus ciudadanos. La cantidad de recomendaciones recibidas, así como la variedad de países que participaron son una muestra de que la comunidad internacional está en alerta sobre lo que ocurre en Venezuela.
A pesar de todo este panorama pesimista, las organizaciones no gubernamentales junto a las universidades han provocado que más personas participen en eventos vinculados a la defensa de los derechos, como fue, por ejemplo, la primera Feria de los Derechos Humanos en el estado Zulia celebrada en noviembre.
2016 deja una huella imborrable y vergonzosa en los derechos de todas y todos, pero a la vez ha permitido que los ciudadanos organizados den una muestra de cómo deben exigirse los derechos.