Miles de puertorriqueños se concentraron ayer en un estadio de San Juan para protestar por la imposición por parte de Washington de una junta federal que controlará al Gobierno de la isla durante los próximos años, a cambio de permitirle reestructurar una deuda que no puede pagar
Miles de puertorriqueños se concentraron ayer en un estadio de San Juan para protestar por la imposición por parte de Washington de una junta federal que controlará al Gobierno de la isla durante los próximos años, a cambio de permitirle reestructurar una deuda que no puede pagar.
"Vine para informarme mejor de en qué consiste esa junta y qué alternativas existen", explicó a EFE en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan una maestra de 38 años que no quiso ofrecer su nombre.
Como ella, entre los asistentes habían muchos empleados públicos y miembros de agrupaciones sindicales que acudieron a esta convocatoria suscrita por decenas de organizaciones de toda índole y planteada como una primera asamblea de un movimiento que pretende impulsar actividades de protesta y de búsqueda de alternativas.
La citada junta, prevista para operar inicialmente durante cinco años con el objetivo de sanear las cuentas de la isla, es una de las medidas incluidas en el proyecto federal conocido por el acrónimo de "Promesa" en el que trabaja el Senado de EEUU y que ya cuenta con el aval de la Cámara de Representantes.
Consiste en un grupo de siete personas que serán designadas por el presidente Barack Obama a partir de las sugerencias de los líderes legislativos, sobre todo republicanos, y en la que el gobernador de Puerto Rico podrá estar representado pero no tendrá derecho a voto.
Aunque el Gobierno de Puerto Rico tampoco apoya la imposición de esta junta, la considera un mal necesario que debe asumir para que a cambio se le permita declararse en quiebra bajo el amparo de la legislación estadounidense.
Sin ese mecanismo el Gobierno local se enfrentaría a una larga y costosa lluvia de demandas (ya se han presentado al menos tres) derivadas de los impagos de deuda en los que ya ha empezado a incurrir, alegando que no dispone de suficientes fondos para seguir pagando a sus acreedores y al mismo tiempo seguir prestando los servicios públicos esenciales a su población.