Contabilizan 2.098 casos de persecución y criminalización en el país entre 2021 y 2024

La oenegé Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 2.098 casos de persecución y criminalización entre enero de 2021 y marzo de 2024.

Así lo detalló la organización en su informe 10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión, publicado en el marco del décimo aniversario de Cepaz.

La organización no gubernamental detalla que 186 actos ocurrieron contra oenegés y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra aquellos vinculados a la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.

Del total de 2.098 casos de persecución documentados, 257 ocurrieron contra mujeres, 737 contra hombres y en 1.104 casos no fue posible disgregar el género, ya que “son actos que atentan contra hombres y mujeres, o porque no pudo o no quiso ser identificada la víctima”.

Desde 2021, Cepaz realiza un monitoreo mensual sobre los casos de persecución y criminalización, con lo cual identificaron al menos 20 patrones:

• 881 casos de amenazas y hostigamientos.
• 123 despidos injustificados.
• 205 detenciones arbitrarias.
• 49 inhabilitaciones políticas.
• 6 invalidaciones de partidos políticos.
• 66 emisiones de medidas cautelares.
• 3 muertes bajo custodia del estado.
• 168 procesos judiciales irregulares.
• 2 solicitudes de extradición.
• 31 traslados arbitrarios de presos políticos.
• 1 asesinato por negligencia del Estado.
• 127 órdenes de aprehensión.
• 2 suspensiones de elecciones universitarias.
• 1 cierre de un canal de televisión.
• 28 casos de allanamientos irregulares a viviendas y sedes de trabajo.
• 167 veces las/los periodistas fueron impedidas/os de registrar un hecho noticioso.
• 19 emisoras dejaron de funcionar debido a la emergencia humanitaria compleja.
• 42 cierres de programas de radio.
• 73 bloqueos de páginas web.
• 104 cierres de emisoras de radio.

Perpetradores de los casos de persecución y criminalización

En su informe, Cepaz indicó que el principal perpetrador son las fuerzas de seguridad del Estado, que reporta 571 casos que incluye policías regionales, municipales y nacionales, Guardia Nacional Bolivariana, Sebin, Dgcim, Plan República, entre otros.

También figuran funcionarios del Estado como alcaldes, gobernadores, ministros y trabajadores públicos con 566 casos. Desde la Asamblea Nacional electa en 2020 también se han documentado 255 casos.

Por otra parte, Cepaz contabilizó 255 casos de personas adeptas al Gobierno, 133 casos del Poder Judicial, 130 casos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y 74 casos del Ministerio Público.

Asimismo, se reportaron 52 casos de personas desconocidas, 46 casos del Poder Ejecutivo, 40 casos de servidores de Internet, 39 casos de la Contraloría General de la República, 13 casos del Consejo Nacional Electoral y 12 casos de autocensura de las directivas de medios de comunicación.

Sistema represivo sofisticado

La organización señala que la Administración de Nicolás Maduro ha desplegado un sistema represivo sofisticado. Hacen referencia a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que sostiene que el Gobierno ha utilizado mecanismos “duros” y “blandos” para controlar a las personas consideradas enemigas a su política de Estado.

Entre los patrones de persecución y criminalización que registran como ejemplo de mecanismos duros encontramos el uso de la fuerza durante las protestas. Método que se observó durante las manifestaciones de 2014 y 2017.

Las detenciones arbitrarias forman parte de los mecanismos de represión duros del Estado, al igual que las desapariciones forzadas.

Entre los patrones de mecanismos blandos están los actos de amenazas, intimidaciones y hostigamientos. Este es el patrón que más emplea el Estado venezolano, concluye Cepaz.

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