La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) denunció este miércoles 28 de agosto un aumento de la represión en el país posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la Cidh, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado en Washington, en Estados Unidos, sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe, que no fue elaborado sobre el terreno, que la represión ocurrida después de los comicios, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017”.
La CIDH observó “uso arbitrario de la fuerza” que causó al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad.
“Hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión”, añadió la abogada barbadense.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que habían convocado la reunión.
Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de países, como Brasil, México o Colombia, que adoptaron una posición más mediadora con Caracas.
En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó “que estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”.
La representante costarricense, Milagro Martínez, abogó por un “proceso de transición justa y de buena fe” en el país protagonizado por todas las partes; mientras que el embajador peruano, José Luis Sardón, denunció que en el país “todo ha sido falseado”.
Declaraciones
Por su parte, el embajador estadounidense, Frank Mora, dijo que el gobierno de Maduro y sus representantes “han perpetuado un clima de miedo” que se ha visto “agravado” después del 28 de julio.
“Los Estados Unidos se solidarizan con el pueblo de Venezuela que ha expresado su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas”, afirmó, denunciando un “panorama escalofriante del panorama de derechos humanos”.
“El régimen está sembrando el terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder”, añadió Mora.
También tomó la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) de imputación de cargos y órdenes de detención contra “los principales responsables” gubernamentales de Venezuela, incluido Maduro.
“El camino de la justicia internacional es un camino en el que seguiremos insistiendo”, advirtió.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace dos semanas por consenso una resolución exigiendo a las autoridades venezolanas la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones.
Venezuela no forma parte de la OEA dado que su Gobierno decidió retirarse del organismo en 2017 ante lo que consideraba una injerencia de la organización, con sede en Washington, en sus asuntos internos. Su salida se hizo efectiva en 2019.
Presentación de la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH, Roberta Clarke, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación de los derechos humanos en #Venezuela tras las elecciones del 28 de julio pic.twitter.com/i44HKyAVOZ
— OEA (@OEA_oficial) August 28, 2024
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noviembre 17, 2024
