Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, enfrenta un juicio a partir de este lunes en la Audiencia Nacional española por supuesta defraudación fiscal relacionada con los 4,5 millones de euros que su hijo Alejo obtuvo de sus negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2013 y 2014.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de prisión para Morodo y ocho años y medio para su hijo Alejo y su nuera.
Además de multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros).
Los tres acusados están implicados en un esquema en el que Alejo supuestamente ocultó ingresos a Hacienda a través de contratos de asesoría legal falsos con Pdvsa, firmados entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no era embajador.
Se alega que el dinero fue blanqueado mediante una serie de sociedades creadas por el hijo y otros coacusados, incluida su nuera y dos socios venezolanos. Uno de estos socios, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
La fiscal Ana Cuenca también reclama el pago de 1,3 millones de euros por responsabilidad civil debido a fraudes en las declaraciones de IRPF de 2013, 2014 y 2017, y 126.122 euros por defraudación de Raúl Morodo en 2014.
El método utilizado por Alejo consistió en crear tres sociedades que facturaban por servicios de asesoría que, según la acusación, nunca se prestaron realmente, lo que le permitió eludir el pago de impuestos.
La Fiscalía solo investiga los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, ya que los anteriores han prescrito. Raúl Morodo también es señalado por haber defraudado ganancias de dos de las sociedades vinculadas a su hijo. Los fondos en cuestión provienen de la relación contractual de Alejo con Pdvsa, basada en las conexiones que su padre estableció durante su mandato como embajador en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, “de los que en parte” se benefició Raúl Morodo.
Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas “interpuestas” de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, “carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial” con “idéntico fin” de interponerla para “desplazar la carga fiscal”.
Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros “desconociéndose” los servicios que prestó, dice la fiscal.
Durante la instrucción, también estuvo imputada la esposa de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubrió “graves irregularidades contables y fiscales” en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular.
Sin embargo, al considerar que estos hechos no eran conexos con la causa que ahora se juzga, el juez instructor Alejandro Abascal, a petición de la fiscal, acordó remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.
Estas irregularidades fueron detectadas después de que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo, María Morodo Cañeque, a través de la UTE Grupo Lindley 2013.
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noviembre 17, 2024
