Interpol recordó este viernes 8 de noviembre que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la demanda recibida del Ministerio Público para que se lanzara una “alerta roja” contra el líder opositor Edmundo González Urrutia.
Preguntado sobre esa solicitud del fiscal general Tarek William Saab del pasado 24 de octubre contra el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de la que informa el diario “El Tiempo” de Bogotá, en Colombia, un portavoz de Interpol respondió a EFE que no podía comentar “casos individuales”.
No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la organización “prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas”.
Saab pidió que Interpol emitiera una “alerta roja” contra el que fue el rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, quien se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre tras un acuerdo con el Gobierno en la Embajada española.
Según la información que publica “El Tiempo”, la solicitud se hace por los delitos de conspiración, usurpación a la identidad, forjamiento de documentos.
El diario afirma que los delitos que la justicia venezolana le imputa a González Urrutia son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación, legitimación de capitales.
El sistema de las “alertas rojas” de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la justicia de un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.
Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.
La organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades de esos países, en particular para detectar aquellas que pueden encubrir algún tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos.
Fuente: EFE
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noviembre 2, 2024
