Bloqueos a la señal móvil, cortes de luz sostenidos, impedimento de abastecerse con agua potable, drones sobrevolando el espacio y asedio de fuerzas de seguridad del Estado fueron las situaciones que resistieron los venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, entre el 23 y 30 de noviembre.
Desde la última semana del mes, efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet) de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) han permanecido a las afueras de la sede diplomática custodiada por el Gobierno brasileño.
Con fotos y videos publicados en las redes sociales, los opositores refugiados denunciaron las irregularidades cometidas.
Acecho por períodos
Durante el período postelectoral, la Embajada ha sido asediada en varios momentos. Entre finales de julio, el día 30, e inicios de septiembre, los días 7 y 8, las fuerzas del Estado rodearon las inmediaciones.
Tras ese período, los agentes volvieron hace una semana para hacer sentir su presencia al equipo de la líder María Corina Machado, asilado en la sede: Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola.
A las 6.42 de la tarde del 23 de noviembre se inició el nuevo asedio, que sigue en curso. Lo que empezó con la llegada de algunos vehículos para bloquear las vías de acceso y vigilar, se transformó en una serie de vulneraciones a la sede y sus residentes.
Entre las 7.00 de la noche de ese día y la madrugada del día siguiente, los funcionarios aguardaron con armas largas a las afueras. También sobrevolaron drones y bloquearon la señal de telefonía celular, según lo denunciado por Urruchurtu, politólogo y coordinador internacional del comando Con Venezuela.
Sin servicios básicos
En la madrugada del 24 de noviembre, los funcionarios de la Daet y del Sebin, reforzado con otra camioneta, recurrieron a otra táctica: cortar el servicio eléctrico.
Tras más de 12 horas sin electricidad, el servicio fue restituido a las 5.00 de la tarde, pero 2 horas más tarde fue suspendido nuevamente. Ese mismo lunes 25 de noviembre, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció sobre la situación en una transmisión nacional.
“La Embajada de Argentina está ahí, ellos verán. Que paguen la luz, no les vamos a regalar nada”, declaró el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
24 horas después, el comando Con Venezuela denunció el robo de los fusibles eléctricos de la sede diplomática y afirmó que fue “una violación a los convenios internacionales”.
Al no contar tampoco con suministro de agua potable, el 27 de noviembre los asilados solicitaron un camión cisterna para abastecerse. Sin embargo, los funcionarios armados y encapuchados le impidieron el paso.
“Se han cumplido casi 100 horas de asedio policial continuo, más de 50 horas sin servicio eléctrico desde que se robaron los fusibles y la situación con el agua es la misma”, detalló Urruchurtu a través de un mensaje publicado ese día en la red social X (antes Twitter).
El 28 de noviembre se incorporó otra institución del Estado a la situación: Hidrocapital. Los asilados denunciaron que, al mediodía, dos trabajadores de la empresa dedicada al servicio de agua esperaban instrucciones para cortar el suministro por tuberías.
A las 6.55 de la tarde del 30 de noviembre, Urruchurtu reportó una nueva adversidad para los residentes de la Embajada: el tanque de agua se vació al acabarse la ración que quedaba.
Reacción internacional
Desde el regreso de la Daet y el Sebin a los alrededores de la Embajada para asediarla, la Cancillería de Argentina calificó esta acción de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano de “hostigamiento” e “intimidación” a los opositores asilados.
Además de condenar la situación, recordó que, según el derecho internacional, el despliegue de efectivos armados, cierre de los accesos al recinto y demás maniobras son una “perturbación a la seguridad” que debe ser garantizada a estas sedes y a las personas que permanezcan dentro.
Como una medida de precaución, la Cancillería le solicitó a la comunidad internacional que emita salvoconductos para los seis refugiados y así puedan salir de Venezuela.
Además del pronunciamiento del gobierno de Javier Milei, EE. UU. se sumó al rechazo al asedio cometido en la Embajada y le exigió al oficialismo venezolano cesar las “acciones intimidatorias” y garantizar los salvoconductos solicitados por Argentina.
Otra de las reacciones sobre el tercer asedio ejecutado por el Estado venezolano fue la del Senado paraguayo. Aparte de señalar que las acciones del mandatario Nicolás Maduro son “una grave violación de las obligaciones internacionales”, aseguró que estas medidas “representan una escalada en la represión contra la oposición política en Venezuela”.
Fuente: El Pitazo
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noviembre 27, 2024
