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Van 22 presos políticos muertos bajo custodia del Estado desde 2014

Entre los casos más impactantes, destacan el del exconcejal, Fernando Albán; el exministro de Petróleo, Nelson Martínez, uno de los grandes amigos de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel; y los fallecidos en el contexto poselectoral, Jesús Martínez, Jesús Álvarez y Osgual González

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En el contexto de la crisis que ha azotado al país, la lucha por los derechos humanos y los conflictos políticos han dejado un saldo devastador. Veintidós presos políticos han fallecido bajo la custodia del gobierno de Nicolás Maduro en los distintos centros reclusorios del país desde que asumió su mandato en 2013. La situación de los presos políticos alcanzó límites alarmantes desde entonces.

Según diversas organizaciones de derechos humanos y oenegés, como el Foro Penal, Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y Justicia, Encuentro y Perdón, estos detenidos son presuntamente “sometidos a tratos crueles, torturas, violencia física y psicológica, y carecen de atención médica adecuada”.

Familiares de los aprehendidos han denunciado en múltiples plataformas que los arrestados enfrentan condiciones de salubridad extremadamente adversas, incluyendo la falta de atención médica y una alimentación deficiente, motivos a considerarse “delitos de lesa humanidad”. Esta grave situación contribuyó a un número creciente de muertes dentro de las cárceles venezolanas.

El primer fallecido: Rodolfo “El Aviador” González

El piloto de la aviación, Rodolfo González, de 64 años, alias “El Aviador”, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde el 26 abril de 2014. Tras ser recluido en El Helicoide, en Caracas, le fueron imputados los delitos de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.

“Su familia y abogados denunciaron que fue víctima de torturas y tratos crueles e inhumanos durante su tiempo en prisión”, reseña en su portal web la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón en su “Museo de la Memoria y la Represión”.

“El Aviador” fue hallado muerto a las 11.00 de la noche del 12 de marzo de 2015. Presuntamente, se ahorcó tras ser “informado que sería trasladado a Yare y su acta de defunción asegura que la causa de su deceso fue estrangulamiento y asfixia”.

Supuestos testigos revelaron a la organización no gubernamental que el sexagenario fue sacado de su celda “aún con vida y fue puesto agonizante delante de otros detenidos sin prestarse atención médica, hasta que, frente a todos, falleció”.

Carlos Andrés García “murió de un ACV”

Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, de 44 años, fue detenido el 17 de diciembre de 2016, tras allanarse su residencia debido a protestas registradas en Apure. En agosto de 2017, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba recluido en la sede del Sebin de la jurisdicción apureña.

Según la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón “los funcionarios de seguridad le negaron sistemáticamente recibir atención médica e ignoraron las órdenes de permitir el traslado del concejal a un centro hospitalario”.

Además, los familiares denunciaron que “no le entregaban las medicinas que le llevaban puntualmente y que debía ingerir por prescripción médica”.

El 18 de agosto fue trasladado al Hospital Central de San Cristóbal, en Táchira, donde falleció el 17 de septiembre. García, presuntamente, habría recibido el beneficio de “arresto domiciliario”, aunque los funcionarios “no la habrían ejecutado”.

El primer teniente Rafael Arreaza Soto

Rafael Arreaza Soto, primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de 28 años, fue detenido el 30 de marzo de 2017 por el delito de “conspiración”, junto a nueve oficiales y al general Ángel Vivas.

Según el Foro Penal en su memorial, murió el 30 de noviembre tras resultar herido en el abdomen y en una pierna. A pesar de recibir atención médica, murió, de acuerdo a la versión oficial.

El concejal que se “suicidó”: Fernando Albán

Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, en Caracas, por Primero Justicia (PJ), fue detenido por funcionarios del Sebin en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar tras regresar el 5 de octubre de 2018 de su participación en una Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

El 8 de octubre, según la oenegé Acceso a la Justicia, el fiscal general Tarek William Saab informó al país en una cadena televisiva a las 3.38 de la tarde que el concejal “se suicidó”.

La primera versión del funcionario al frente del Ministerio Público refiere que Albán “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el piso 10”, de la sede del Sebin conocida como “La Tumba”, en Plaza Venezuela, Caracas.

Sin embargo, a los minutos, el exministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, contradijo lo dicho por Saab, y escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que en el momento en que iba a ser trasladado al tribunal, “encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”.

La muerte del dirigente de PJ conmocionó al país y terminó con la destitución de Gustavo González López de la dirección del Sebin y la detención de Miguel David Dos Santos Rodríguez, de 29, y el detective Keiberth José Cirelli Moreno, de 30, acusados de incumplir el protocolo de seguridad.

El expresidente de Pdvsa: Nelson Martínez

Nelson Martínez, expresidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) y exministro de Petróleo, de 67 años, acusado de presunto caso de corrupción, falleció el 12 de diciembre de 2018.

El oficialista permanecía detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas y “habría muerto por contaminación de una válvula del corazón”, indicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Martínez, supuestamente, habría sido operado de dicha válvula, pero los problemas de salud le causaron una septicemia con falla renal, hepática, cardíaca, cerebral y circulatoria.

El capitán de la Armada: Rafael Acosta Arévalo

El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, falleció el 28 de junio de 2019 tras ser detenido el 22 de junio. Su esposa, Waleska Pérez, denunció su “desaparición forzosa”.

El gobierno de Maduro lo acusó de conspiración “por llevar a cabo un intento de golpe de Estado”, sufriendo torturas durante su detención en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, reseñó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Presuntamente, Acosta Arévalo murió de un “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda debido a trombo embolismo pulmonar debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.

Por este hecho, el Ministerio Público (MP) condenó a 30 años de prisión a Ascanio Antonio Tarascio Mejía y al sargento segundo Estiben José Zárate Soto.

El joven Virgilio Jiménez

Virgilio Jiménez, de 20 años, murió el 5 de febrero de 2019, estando detenido en la cárcel de Uribana, en Lara, tras ser arrestado por protestar en contra de la administración oficialista en 2017.

El 2 de febrero de 2019 fue trasladado al Hospital Central Antonio María Pineda, “ya que se encontraba muy deshidratado, estaba evacuando líquido y con coágulos de sangre presentando una hemorragia”, expresó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Familiares del joven denunciaron “que sufrió torturas en prisión, que era alimentado con comida en mal estado y que le fue privado el hecho de acceder a los medicamentos que requería para aliviar su estado de salud”.

Ingeniero de Corpoelec: Ángel Sequera

El 22 de marzo de 2019, el medio Efecto Cocuyo reportó la muerte de Ángel Javier Sequera Romero, ingeniero de Corpoelec, quien falleció en una celda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Félix, Bolívar.

“Sequera habría fallecido durante uno de los megapagones que afectó el territorio nacional ese mes”, indicó el portal.

El fiscal Saab aseguró que la autopsia revelaba asfixia por estrangulamiento y que habían iniciado las investigaciones por homicidio a sus compañeros de calabozo.

El zuliano Elwin Mendoza

Elwin Mendoza, activista zuliano de Voluntad Popular (VP), fue aprehendido el 23 de febrero de 2019 por estar involucrado en las protestas en contra del Gobierno.

Siendo recluido en el destacamento 113 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Cabimas, falleció el 24 de marzo de una presunta tuberculosis y una neumonía crónica.

El joven militar Wilfredo Heredia

Wilfredo José Heredia Domínguez, militar de 20 años, fue detenido el 26 de diciembre de 2019 por miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras presuntamente ser parte del “Ataque al fuerte de Santa Elena”.

El joven murió el 9 de febrero de 2020 bajo custodia del Estado por presuntas torturas recibidas en el Fuerte Militar Escamoto, en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Su causa de muerte aún no ha sido revelada.

El sargento segundo Luis Monsalve, “El Alacrán”

El sargento segundo Luis Armando Monsalve Estaba, alias “El Alacrán”, falleció el 8 de mayo de 2019 tras estar bajo los efectos del alcohol y lanzarse desde el tercer piso de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas.

Según la periodista Sebastiana Barráez, el hombre murió un año y mes más tarde tras “sufrir serios problemas en los riñones”.

Barráez también indicó que el sargento “estaba con evidencia clara de estar bajo efecto de alguna droga” y que tenía temor, ya que, presuntamente era uno de los pilares en la presunta fuga de Miguel Rodríguez Torres, exministro aliado del chavismo.

El ganadero Pedro Pablo Santana

Pedro Pablo de Luis Santana Carvallo, ganadero de 77 años, fue detenido el 29 de agosto de 2019 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en su casa, en El Rosal, en Caracas.

El septuagenario estaba presuntamente involucrado “en planes terroristas”, pero por su edad, le fue concedido el arresto domiciliario, reseñó el Foro Penal.

Santana sufría de cardiopatía isquémica con revascularización, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial severa, arritmia cardíaca, fibrilación auricular, retinopatía isquémica, cáncer de próstata, diabetes, insuficiencia renal, falleciendo bajo custodia del Estado el 14 de agosto de 2020.

Indígena pemón Salvador Franco

El indígena pemón Salvador Franco fue detenido, según la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), “arbitrariamente y sin el debido proceso” en diciembre de 2019, por estar presuntamente “implicado en un asalto de un cuartel militar”.

El grupo de indígenas pasó a juicio el 27 de noviembre de 2020 tras estar en “condiciones deplorables que afectaron gravemente su salud”, por lo que a Franco se le solicitó traslado médico.

La CEV aclaró que dicha orden “no se ejecutó ni por parte de la ministra de Asuntos Penitenciarios ni del director del Centro de Reclusión del Rodeo II, ubicado en Guatire, Miranda, donde se encontraba Salvador Franco detenido”. Falleció el 3 de enero de 2021 por problemas de salud.

Exfuncionario de la Faes, Gabriel Medina Díaz

El Foro Penal confirmó el 29 de agosto de 2021 el fallecimiento de Gabriel Medina Díaz, exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de 39 años.

Fue detenido en abril de 2020 junto a ocho personas, acusados presuntamente de “planear un secuestro contra Diosdado Cabello”, hoy ministro de Interiores, Justicia y Paz, con el “propósito de cobrar la recompensa ofrecida por Estados Unidos” por su captura.

Medina fue internado por presentar retención de líquidos y otras complicaciones. Según el medio Últimas Noticias, “su estado era crítico, incluso escupía sangre por la boca y murió de un paro respiratorio por la falta de atención médica que necesitaba”.

Raúl Isaías Baduel, aliado y amigo de Chávez

Uno de los aliados, amigos y más cercanos al expresidente Hugo Chávez, el general y exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, fue detenido en 2009 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por presuntos hechos de corrupción.

El 7 de mayo de 2010 fue condenado a 8 años y 11 meses de prisión acusado de la apropiación indebida de 30 millones de bolívares y 3.9 millones de dólares, delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de la autoridad durante su gestión como ministro.

Recibió libertad condicional el 12 de agosto de 2015. El 12 de enero de 2017 fue encarcelado nuevamente, “por supuestamente incumplir su libertad condicional a pesar de que su condena culminaba en marzo de 2017, se le imputaron nuevos delitos”, indicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

El 12 de octubre de 2021 falleció, a causa de complicaciones derivadas del covid-19, según el fiscal Tarek William Saab. Aunque días antes, el general fue trasladado desde la sede del Sebin “La Tumba” a la sede del El Helicoide.

Familiares de Baduel niegan esta versión y exigen sea investigada su muerte, cuestionando a día de hoy la atención médica que recibió el exfuncionario.

El capitán retirado Armando Flores Piñango

El capitán retirado Armando Flores Piñango falleció el 23 de agosto de 2022 en el Hospital Militar de Caracas, tras ser diagnosticado con un cáncer, informó en aquel entonces la abogada de Derechos Humanos, Tamara Suju.

Piñango estaba detenido desde el 12 de noviembre de 2020, por estar presuntamente relacionado con un caso de vehículos blindados BTR-80 en La Fría, Táchira.

El preso político tenía 88 días hospitalizado y en estado de desatención, por la falta de medicamentos y análisis requeridos para tratar su cáncer que había sido detectado tardíamente.

La activista de derechos humanos denunció que a Flores Piñango le negaron la medida humanitaria que pedía para irse a su casa con su familiar. “En el Hospital, le negaron según información la atención médica especializada que requería y culpan a una mayor de apellido Torres”, añadió Suju.

El chavista Leoner Azuaje

El oficialista Leoner Azuaje Urrea, exdirector de Cartones de Venezuela, fue detenido por agentes de la Policía Nacional contra la Corrupción (Pncc) por estar involucrado en una presunta trama de corrupción el 14 de abril de 2022, siendo anunciada su captura el 19 de abril.

Ese mismo día, Azuaje fue presentado a tribunales, y horas después el fiscal Saab “anunció el fallecimiento del exfuncionario y calificó el hecho como un suicidio”, reseñó la oenegé Acceso a la Justicia.

Saab informó que el aprehendido se quitó la vida “usando unas sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido” y “que habría dejado cartas dirigidas a sus familiares en las que informaba de su decisión y donde a la vez asume el error cometido”.

Familiares denunciaron que los forenses hallaron síntomas de tortura en su cuerpo, incluyendo hematomas y escoriaciones.

El hacker N33 y amigo de El Aissami: Juan Almeida

Juan Manuel Almeida Morgado, alias “Hacker N33”, fue detenido el 5 de abril de 2023 junto a sus dos hermanos en Aragua por estar vinculado a la trama de corrupción de Pdvsa-Cripto. El hombre era compañero acérrimo del exvicepresidente y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, exaliado del chavismo.

Según el portal de noticias Efecto Cocuyo, “Hacker N33” “se encargaba con sus parientes de convertir el dinero que se obtenía por la venta de petróleo a través de criptomonedas”.

Por su parte, el fiscal Saab garantizó que él y sus hermanos eran los presuntos “operadores tecnológicos” del hecho.

El medio digital Runrunes fue uno de los más afectados por las acciones de Almeida, quien hackeó en diversas ocasiones las cuentas de Nelson Bocaranda y Berenice Gómez. Presuntamente, otra de las funciones de Almeida era “limpiar la imagen del Gobierno chavista, así como atacar a medios digitales en su apoyo a El Aissami”.

Saab enfatizó que Almeida murió en arresto domiciliario el 20 de abril, por una supuesta “cirrosis hepática”.

Marino Lugo Aguilar, guardia de honor de Chávez

Marino José Lugo Aguilar, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), fue detenido el 17 de abril de 2023, por miembros de la Dgcim por presuntamente estar involucrado en el caso Pdvsa-Cripto. Fue reconocido por ser uno de los Guardias de Honor del expresidente Hugo Chávez.

Según el fiscal Saab, el militar iba a ser condenado por “apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones; legitimación de capitales, traición a la patria y asociación”, reseñó CNN.

Según el medio El Estímulo, Lugo Aguilar desempeñaba funciones de director gerente de Mercado Nacional de Pdvsa y “fue uno de los gerentes de la estatal venezolana que dirigió el proceso paulatino de dolarización del precio de la gasolina”.

El hombre falleció un día después, el 17 de abril, por causa de un ahorcamiento, indicó Saab.

El testigo electoral Jesús Manuel Martínez

Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, fue el primer muerto en custodia del Estado, detenido en el contexto poselectoral el pasado lunes 29 de julio, en el sector Plaza El Carmen, del municipio Aragua, Anzoátegui, un día después de haber sido testigo de mesa en la escuela Guzmán Bastardo.

Martínez Medina falleció a las 7.20 de la mañana del jueves 14 de noviembre en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, tras padecer de diabetes tipo 2 y problemas cardíacos.

Según declaraciones de su abogado, Zair Mundaray, al extestigo electoral del 28 de julio “nunca le prestaron atención médica hasta que se le infectó toda la pierna”. En su extremidad, le surgieron abscesos, producto de sus patologías.

El aspirante presidencial Edmundo González Urrutia aseguró que Martínez Medina “murió bajo custodia del Estado y sufrió una muerte causada por la indiferencia y la negligencia de las autoridades. Se le negó atención médica, medicamentos y el traslado urgente a un centro de salud”.

Jesús Rafael Álvarez, el primero de Tocuyito tras el 28J

Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, también detenido en el contexto postelectoral, fue aprehendido el 2 de agosto junto a su esposa, Anny Suárez de Álvarez, en El Callao, estado Bolívar.

Inicialmente, ambos fueron trasladados a una sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerto Ordaz. Un mes después, Álvarez fue enviado al penal de Tocuyito, en Carabobo. Falleció el jueves 12 de diciembre, según la oenegé Una Ventana a la Libertad (UVL).

El hijo de 20 años del occiso aseguró que su padre “era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban. A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel”.

El 13 de diciembre, acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde identificó el cuerpo de su padre mediante una fotografía. Y describió la imagen como irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado y con signos evidentes de maltrato. Observó un pómulo hinchado, aparentemente producto de un golpe.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) comunicó la noche del sábado 14 de diciembre que el cuerpo de Jesús Rafael Álvarez, fue entregado a su familia para darle sepultura “en avanzado estado de descomposición”.

Osgual Alexánder González, el segundo de Tocuyito

Osgual Alexánder González, de 43 años, fue detenido junto a su hijo de 19 años el pasado 1 de agosto en Lara, en el contexto poselectoral. Ambos fueron trasladados al penal de Tocuyito.

El hombre falleció el pasado lunes 16 de diciembre dentro del penal. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) detalló que, desde sus primeros días de reclusión, González presentó síntomas de depresión. Luego, en diciembre, fue hospitalizado por un fuerte dolor abdominal, tratándose de un cólico nefrítico según el personal del penal.

Sin embargo, familiares del occiso sospechan que se trataba de una hepatitis y denunciaron que la atención médica fue tardía e inadecuada, y que, no recibieron información precisa de su estado de salud.

La líder de la oposición, María Corina Machado, reaccionó a la muerte del preso político, asegurando que “los venezolanos secuestrados después del 28 de julio están muriendo en manos del régimen”, pues “Maduro los está matando, de una forma u otra forma”.

La situación actual plantea un desafío urgente para los venezolanos y la comunidad internacional, que observan con preocupación el impacto de estas tragedias en la población venezolana y la necesidad de un cambio significativo hacia la no ruptura de los derechos humanos dentro del país.

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