Una agencia de lotería era el sustento de María Pérez (nombre ficticio porque la persona pidió reservar su identidad por seguridad) con los ingresos que esto generaba mantenía a su familia a diario. Es madre soltera y desde el pasado agosto su vida tomó un rumbo distinto: vendió el local y quedó desempleada.
El dinero lo ha invertido en recuperar la libertad de su hijo, preso político desde el referido mes. Aunque asegura que se vio obligada a rematarlo, ha rendido el dinero en seis meses que lleva su hijo preso.
No obstante, teme a quedarse sin recursos económicos y no lograr la libertad del menor de sus hijos. “Les han robado su futuro, cada día preso, es un día que ha faltado a clase”, lamenta.
Ella es una de las madres que acudió el pasado jueves 16 de enero al Ministerio Público a solicitar al fiscal Tarek William Saab, la liberación de su hijo de 19 años de edad, preso en la cárcel de Tocorón de Aragua.
Está acusado de terrorismo, instigación al odio y asociación para delinquir, sin ninguna prueba en su contra. Allí hay 540 personas detenidas en el contexto poselectoral, según cifras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.
“Yo perdí mi trabajo. Tenía una agencia de lotería y tuve que vender todo eso. ¿Quién me la iba a atender?”, expresa con voz quebrantada, acompañada de una mirada que refleja tristeza y dolor.
Su activismo
Desde el pasado 29 de julio, cuando el país estalló en protestas espontáneas en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro, María, una joven madre soltera de una ciudad fronteriza de Venezuela, se tuvo que involucrar en el activismo por los derechos humanos de los presos políticos.
El estudiante de quinto año de bachillerato salió a las afueras de su casa, como lo hacía todas las tardes, para compartir con sus vecinos. Pero en esta oportunidad no había nadie. Una patrulla de la Policía rondaba la zona, pese a que no había protesta y al verlo en la reja de su casa, se lo llevó.
Ahí comenzó el calvario para él y su madre: en seis meses ha sido trasladado desde una comisaría a tres cárceles distintas en diferentes estados del país: Miranda, Aragua y Carabobo. Todas lejos de su ciudad.
Actualmente para visitarlo tiene que viajar durante 17 horas y además gastar entre 100 dólares y 150 dólares en pasaje y comida. A veces, tiene que darle “propina” a oficiales de seguridad de la cárcel para que les permitan dejarle comida.
En ocasiones las horas de viaje y dinero gastado es en vano, porque suspenden las visitas y no les permiten verlos. El jueves pasado viajó por sexta vez a Caracas para solicitar revisión de la causa. Hasta ahora, todas las peticiones han sido ignoradas.
“Debido proceso”
La madre dice que no se ha cumplido el debido proceso. La Fiscalía mantiene a su hijo en prisión a pesar de no tener pruebas que lo responsabilicen de los delitos de los que lo acusan. Así fue enviado a juicio, sin derecho a la defensa privada y en una audiencia telemática.
De acuerdo con el Código Penal una persona detenida debe ser puesta en libertad bajo régimen de presentación por investigación si luego de 45 días de la audiencia de presentación y preliminar, el acusador no presenta pruebas.
“Ninguno es terrorista. A mi hijo lo agarraron saliendo de la casa y presentamos pruebas y testigos para comprobar su inocencia y no lo tomaron en cuenta”, asegura.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian este patrón procesal como una manera de operar del sistema de justicia para las personas detenidas en el contexto poselectoral. Actualmente existen 1.687 presos políticos en Venezuela, señala el Foro Penal, en su mayoría registrados desde julio.
Los familiares, agrupados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, que acudieron a la Fiscalía, denunciaron que a sus parientes detenidos les violan el derecho a la presunción de inocencia que señala que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Está contemplado en el artículo 49 numeral 2 de la Constitución.
“Uno como madre tiene que luchar por ellos, por su libertad. Lo único que pedimos es la libertad de nuestros hijos que son inocentes y que nos tomen en cuenta como seres humanos, que vean lo que estamos sufriendo no solo nosotros sino nuestros hijos”, sostiene, esperanzada de que el fiscal Tarek William Saab y demás funcionarios de las instituciones del Estado involucradas en los procesos de detenciones, escuche su súplica.
Fuente: Tal Cual
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enero 14, 2025 - 1:46 pm
