Familiares de los políticos, activistas y otros detenidos, en su mayoría en el contexto de las protestas de julio de 2024, pidieron este jueves 27 de febrero al Ministerio Penitenciario la creación de una mesa de diálogo para “tomar acciones pertinentes” que permitan la liberación de sus parientes.
“Exigimos hoy poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado y nosotros, los familiares de presos políticos. Que nos escuchen”, afirmó Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, durante una manifestación convocada por familiares de los arrestados en Caracas.
La mesa estaría representada por la oenegé Comité de familiares y presos políticos (CLIPPVE), según se explica en un documento entregado este jueves al Ministerio Penitenciario por los familiares, donde además se denuncian “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” y se demandan “acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de los presos políticos”.
Según Silva, los familiares denuncian “patrones que se repiten” en centros de reclusión como Helicoide y en el Rodeo I, donde, agregó la mujer, los detenidos son sometidos a “aislamiento prolongado”, suspensión de visitas “como castigo” y “traslados arbitrarios”.
Los familiares entregaron el documento para ratificar las denuncias suscritas en uno anterior -con fecha del 18 de octubre de 2024, donde se exponían “las condiciones graves y deshumanizantes” en centros penitenciarios, según el escrito.
Hasta la fecha, dicho documento no recibe respuesta alguna, aseguró a EFE, Andreína Baduel, integrante del CLIPPVE y hermana de Josnars Adolfo Baduel, arrestado en 2020.
La denuncia se da en el marco de la manifestación “Ruta por la justicia y libertad”, organizada por los familiares, que inició el pasado lunes y finalizará el viernes 28 de febrero, con el fin de protestar ante Defensa Pública y la Fiscalía en Caracas.
Tras las presidenciales de julio, se desató una crisis por denuncias de fraude, pues la oposición asegura que Edmundo González Urrutia ganó la contienda.
En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, de las cuales casi 1.900 ya están liberadas después de una revisión de medidas ante la Justicia, según la Fiscalía, cifras que la oenegé Foro Penal no confirma.
Foro Penal contabilizó, hasta el pasado 17 de febrero, un total de 1.061 “presos políticos”, entre los que cuenta a detenidos de antes y después de las elecciones de julio pasado, mientras que la Fiscalía y la Administración de Maduro niegan que en el país haya detenidos por razones políticas, sino que, afirman, cometieron delitos.
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