Jueza federal impide intento de Trump de revocar el “parole” humanitario

La magistrada, nominada por Barack Obama, determinó que la Administración debe respetar la fecha de vencimiento de este beneficio, instaurado por Joe Biden en 2022 y extendido en 2023, y que no puede eliminarlo sin una revisión caso por caso
Foto: EFE

Una jueza federal de Estados Unidos frenó el intento del gobierno de Donald Trump de poner fin al programa migratorio conocido como “parole” humanitario que protege a cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación.

La jueza Indira Talwani, de Massachussetts, anuló la orden del mandatario republicano de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio que fue instaurado por el anterior gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La magistrada, nominada por el expresidente Barack Obama, especificó que la Administración debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio, que se entregó por un período de dos años, y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso.

Este es un nuevo varapalo judicial a los intentos del gobierno de Trump dar un giro radical a la política migratoria del país.

Al anunciar la revocación del “parole”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria Kristi Noem, apuntó que este "no aporta un beneficio público significativo y no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal".

El gobierno de Biden instauró el “parole humanitario” en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a EE. UU. y reducir los cruces fronterizos irregulares.

Ese programa migratorio, conocido como CHNV por las siglas de los países, permite a sus beneficiarios residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador con residencia legal en el país norteamericano.

En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el “parole”, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.

 

 

 

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