Entre 2019 y 2023, al menos 4.761 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas en distintos países, según datos presentados por la oenegé Mulier durante el VI Seminario sobre Trata de Personas, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
Durante el evento, realizado el pasado 17 de julio, especialistas del Centro de Derechos Humanos (CDH) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la casa de estudios, junto con representantes de organizaciones civiles, solicitaron al Estado la aprobación de una ley especializada sobre trata de personas.
“La creación de una regulación única permitiría consolidar las disposiciones existentes sobre la trata de personas, simplificando su interpretación y aplicación en el sistema judicial. Esto es crucial para asegurar que todos los casos sean tratados de manera consistente y justa”, explicó la abogada Desireé Vitale, citada por El Ucabista.
Por su parte, la profesora María Gabriela Cuevas advirtió que “no hay casos de aplicación de la norma que permitan decir que se están haciendo bien las cosas”, y alertó sobre la penalización de víctimas devenidas en victimarios, la falta de investigaciones y de protocolos judiciales.
Eumelis Moya, coordinadora del CDH Ucab en Guayana, señaló que “la anomia, la falta de regulación y control social permite que prácticas abusivas se perpetúen sin consecuencias. “Hay impunidad generalizada, corrupción, y hace falta una legislación sobre la trata de personas. Llegó la hora de proponer normas y avanzar hacia nuevos paradigmas”.
El seminario también abordó las rutas nacionales e internacionales del tráfico de personas, que incluyen estados como Bolívar, Táchira, Zulia, Delta Amacuro y Falcón, con conexiones hacia Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.
Además, la organización reveló que solo en 2023, se contabilizaron 1.395 víctimas venezolanas, de las cuales 80 eran niñas y adolescentes, reseñó El Ucabista.
Las organizaciones participantes coincidieron en que la naturalización de la esclavitud moderna, la desinformación y la falta de políticas migratorias con enfoque de género agravan la vulnerabilidad de las víctimas.
“Las migraciones están marcadas por múltiples formas de violencia. ¿Cómo están respondiendo los Estados? No se trata solo de sancionar los delitos, sino de trabajar en el apoyo y acompañamiento de las víctimas”, expresó Beatriz Borges, coordinadora de Cepaz.
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