La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó este lunes 22 de septiembre un sexto informe sobre la situación político-represiva del país entre los meses de agosto del 2024 y septiembre del 2025.
La Misión confirmó “delitos de lesa humanidad” tras el contexto postelectoral, pues el gobierno “puso en marcha los métodos más duros de su maquinaria represiva”.
“Hoy, a pesar de las limitaciones, la Misión complementa y confirma las primeras conclusiones como parte de una investigación de 12 meses”, enfatizó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
El organismo determinó que el número de personas “privadas arbitrariamente de la vida” asciende a “25, tal como lo documentó en su último informe”, el Ministerio Público (MP) afirmó que son “28 víctimas fatales”, de las que “22 coinciden con la Misión”.
Especificó que el Estado atribuyó “las muertes a la oposición por medios de sus activistas” y “ha exculpado de estas muertes a los cuerpos de seguridad”.
“La investigación de la Misión no reveló indicios de la oposición en la muerte de manifestantes, por el contrario, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados”, sentenció.
Señaló que, de las 25 muertes, la misión “investigó 14”, de las cuales “concluyó que en 12 hubo involucramiento de miembros de seguridad”.
“En una protesta en Maracay, la Misión alcanzó motivos para creer que las fuerzas están presentes en la privación de la vida de 6 manifestantes”, alegó.
Valiñas reseñó que el 29 y 30 de julio, ocurrieron 7 muertes totales sumando a los estados Miranda, Zulia, Carabobo y Lara por culpa “de las fuerzas de seguridad del Estado”. “El Estado no ha informado de las investigaciones que dijo haber iniciado”, afianzó.
Muertos bajo custodia del Estado
Con respecto a los muertos bajo custodia del Estado, indicó que 5 personas “que fueron detenidas” perdieron “la vida mientras estaban bajo la custodia del Estado”.
“Tres de estas por falta de acceso debido a la salud. Las personas recibieron un trato inhumano, cruel y degradante”.
Advirtió que los “funcionarios penitenciaros, el Ministerio Público y la Defensoría fueron informados de los antecedentes de esta persona y no respondieron”.
Explicó que las otras 2 personas, “según el Estado”, murieron por “ahorcamiento” y que las autoridades “no han proporcionado los informes de autopsia además de prohibir referirse públicamente a los casos, incluyendo realizar velatorios y sepelios”.
Represión y excarcelación
En cuanto a la represión y excarcelación, la Misión determinó que estas “continúan en 2025” y que combinan “los métodos represivos y la persecución fundada en motivos políticos”.
“Incrementó la represión en momentos de mayor tensión política como la toma de posesión y las elecciones regionales”, alegó.
La abogada indicó que “2.006 personas fueron excarceladas” con base “a expedientes preparados y patrones alarmantes”.
Aseguró que las autoridades “han detenido al menos 200 personas en agosto y 14 en septiembre”, de las que, algunas sufren “el régimen de incomunicación prolongada por solo ser opositores”.
Presos políticos extranjeros
El informe también reveló la situación de los presos políticos extranjeros. Según la administración oficialista de 120 a 150 personas fueron “detenidas por terrorismo”.
Ante esto, la Misión documentó “84 casos de detención, de los cuales 12 son testigos del consejo”.
“En septiembre, al menos 12 más fueron detenidos y la Misión documentó 19 liberaciones”, reseña. Y especificó que dichas liberaciones, de en su mayoría, estadounidenses se suscitaron “en el marco de negociaciones”.
Niños y niñas
La Misión también determinó que al menos “220 niños, niñas y adolescentes” fueron “detenidos en el marco de los hechos electorales” sin tener en cuenta “ni su edad ni su presentación”.
“Los niños fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada, torturas, malos tratos y graves tratos de violencia sexual. En septiembre detuvieron a otro adolescente”, alegó Valiñas.
Reveló que las niñas y adolescentes “fueron sujetas a actos sexuales” y “violaciones” para “adquirir limpiezas, llamadas o recibir comidas”.
“Las niñas y adolescentes estaban sujetas a actos sexuales, como adquirir limpiezas, llamadas o recibir comidas”.
Ley Anti Oenegé y Exhortación
La ONU también documentó casos “de detenciones extorsivas”, como, por ejemplo, un ciudadano que fue “coaccionado” a “pagar 3.000 dólares para ser liberado” a funcionarios de seguridad.
Señaló que dichas víctimas “han sufrido desaparición forzada, otros por días, otros por meses, otros por horas”.
“La Misión ha seguido documentando casos de torturas y tratos crueles, amenazas, golpes contundentes, o asfixia, entre otros. Estos métodos han sido empleados en interrogatorios o por ser opositores”, alegó.
Indicó que otras formas de “castigos crueles, inhumanos y degradantes” son “el encierro en celdas de aislamiento o mantener sostenidos a los detenidos por la muñeca”.
Por otro lado, con la Ley Anti Oenegé, la Misión consideró que se aumenta “la represión, la criminalización y la desarticulación”.
“Numerosas organizaciones han tenido que dimitir, cerrar o trabajar fuera de Venezuela”, alegó. Y exhortó “a las iniciativas internacionales” a “a rendir cuentas y avanzar con mayor celeridad”.
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