La Justicia de Estados Unidos presentó este jueves 18 de diciembre cargos federales contra más de 70 integrantes de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, incluidos su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", a quien Washington considera responsable de haber transformado una banda carcelaria local en una estructura criminal transnacional clasificada como organización terrorista.
Las acusaciones, anunciadas por el Departamento de Justicia, se presentaron de forma simultánea en tribunales federales de Nueva York, Texas, Colorado, Nuevo México y Nebraska, y abarcan delitos que van desde conspiración para delinquir, tráfico de drogas y lavado de dinero hasta secuestros, asesinatos y apoyo material a actividades terroristas, según los comunicados oficiales.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó en un comunicado que el acusado fue “el responsable de la evolución del grupo desde una pandilla carcelaria venezolana hasta una organización terrorista transnacional”.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, bajo su dirección, la banda operó redes de extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y violencia organizada en América del Norte, América del Sur y Europa. Guerrero Flores continúa en fuga, y el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El Departamento de Justicia detalló que los cargos actuales se suman a los ya presentados en Nueva York contra más de 30 miembros o asociados del “Tren de Aragua”, en una ofensiva judicial que, según Washington, busca desarticular de manera integral a la organización.
Desde enero de este año, Estados Unidos presentó contra al menos 260 presuntos integrantes de la banda.
La fiscal general, Pam Bondi, afirmó en el comunicado oficial que la nueva ronda de imputaciones “subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública”, en referencia a una estrategia que combina procesos penales, sanciones económicas y recompensas internacionales.
En la misma línea, el vicefiscal general Todd Blanche calificó al “Tren de Aragua” como “un cártel terrorista” que cruza fronteras para introducir drogas, armas y violencia en comunidades estadounidenses, una caracterización que ha sido reforzada en los últimos meses por la inclusión del grupo en listas de sanciones del Gobierno federal.
Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Guerrero Flores habría actuado en coordinación con el denominado Cártel de los Soles, una estructura que Estados Unidos describe como una red de narcotráfico integrada por altos funcionarios del régimen venezolano.
Ese expediente sostiene que dicha organización facilitó durante años el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, aunque Caracas rechaza de forma sistemática esas acusaciones.
Las investigaciones también apuntan al uso sistemático de criptomonedas para el lavado de activos. Louis D’Ambrosio, jefe de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), señaló que Guerrero Flores lavó dinero a través de activos digitales, traficó drogas a gran escala y comercializó armas de guerra mientras dirigía la organización desde prisión, según un comunicado de la agencia.
En Texas, fiscales federales presentaron nuevos cargos contra cuatro presuntos lugartenientes del Niño Guerrero, entre ellos Yohan José Romero, alias Johan Petrica, y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho.
En Nuevo México, 11 miembros del grupo enfrentan acusaciones por secuestro, tortura y asesinato, además de su presunta participación en un tiroteo contra una banda rival en el estado de Colorado.
El jefe de la oficina del FBI en Houston, Douglas Williams, afirmó que las actividades atribuidas al líder del Tren de Aragua llevaron “violencia, asesinato y miseria” a comunidades de todo el hemisferio occidental, con crímenes que incluyen homicidios, robos violentos, tráfico sexual y comercio ilegal de armas y narcóticos en Estados Unidos.
El “Tren de Aragua” surgió a mediados de la década pasada en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua y, en los últimos años, se expandió aprovechando flujos migratorios, economías ilícitas y la debilidad institucional en varios países de la región, según informes de seguridad de distintos gobiernos.
La ofensiva judicial estadounidense busca ahora frenar esa expansión atacando de forma simultánea a su liderazgo, sus finanzas y sus redes operativas, en un escenario en el que la cooperación internacional será clave para lograr capturas y extradiciones.
Fuente: Infobae
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