Jorge Rodríguez, diputado chavista y presidente de la Asamblea Nacional (AN), reconoció este jueves 28 de mayo errores en la política de asignación de fincas productivas en el estado Apure y prometió la creación de una ley para proteger la actividad ganadera.
En un acto en la región llanera, el también hermano de la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez, aseguró que “todos los fundos propiedad del gobierno” entregados en esa región fueron destrozados por quienes los recibieron, a los que llamó “ladrones irresponsables”.
“El ganado que no se comieron, se lo robaron; y el que no se lo robaron, lo vendieron; y el que no lo vendieron, se les murió. Esa es la verdad”, expresó el parlamentario, quien prometió para la segunda mitad de junio la creación de una “nueva ley de actividad de protección de la actividad ganadera” que sustituirá a una de 1997.
Según el Instituto Nacional de Tierras (Inti), el Estado entregó más de 446.000 títulos de adjudicación, que suman más de 14 millones de hectáreas en el país, desde la promulgación, en 2001, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2002 y 2002-2013).
La oenegé Acceso a la Justicia asegura que esta y otras leyes “crearon vías expresas para las expropiaciones en el país”.
Por su parte, el Observatorio de Derechos de Propiedad de la organización no gubernamental Cedice Libertad afirma que la normativa “marcó el inicio de una etapa oscura de asedio institucional al campo venezolano”, con resultados como “inseguridad jurídica, menor inversión, caída de la producción y productores tratados como unos criminales”.
Además, señala que la Ley de Tierras fue aplicada como un “instrumento ideológico y discrecional” que envió como mensaje que el derecho a la propiedad “estaba condicionado a la voluntad del Estado”.
Según datos registrados por el Consulado General de España en Caracas, las autoridades venezolanas expropiaron hasta 2013 un total de 106 fincas agrarias y otras 46 urbanas e industriales a ciudadanos españoles.
Desde el pasado enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en Caracas, el país vive lo que la “presidenta encargada” llama un “nuevo momento político”, marcado, entre otros factores, por reformas en áreas estratégicas como la petrolera, que expertos interpretan como el desmantelamiento del legado de Chávez.
Fuente: EFE
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