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Mientras el gobierno nacional avanza hacia la concentración del poder, la crisis económica y social se profundiza y las consecuencias se expresan en: crisis humanitaria para buena parte de la población, muerte de personas de edad avanzada por no conseguir medicamentos, o de niños por desnutrición, lo cual enluta cada vez más a mayor número de familias venezolanas. Es común en los aeropuertos del país presenciar las despedidas acompañadas de llanto, por parte de familiares que ven partir a un ser querido que se va de Venezuela buscando en otras partes del mundo la manera de sobrevivir, de ayudar desde allá a los que se quedan, o de realizar sus sueños en alguna parte donde eso sea posible, porque su país no le ofrece esas posibilidades.
Pero quienes hoy ejercen el poder en Venezuela, en vez de reconocer los errores y las causas de esta grave situación nacional, cada vez que anuncian una medida o la designación de un nuevo funcionario, lo que hacen es dejar muy claro que no tienen la voluntad de rectificar, que su intención es continuar ejecutando esas políticas que tanto daño le han hecho al pueblo venezolano, creando cada vez más la desesperanza e incertidumbre sobre el futuro nacional.
Cuando esas erradas políticas económicas y sociales se ven acompañadas por acciones orientadas únicamente hacia la preservación del poder, negando los derechos de la soberanía popular a expresarse para buscar soluciones pacíficas por esa vía, encontramos suficientes fundamentos para afirmar que estamos ante un régimen autoritario ejercido por personas que aun cuando hablan de un proyecto político, evidencian con su actuación que han buscado el poder como un fin en sí mismo y no como un instrumento al servicio del pueblo, su propósito real es convertirse en privilegiados que controlan el poder haciéndole daño a la mayoría de los ciudadanos, y cuya base de sustentación es la fuerza junto a la violación permanente de la Constitución autorizada por quienes desde el Poder Judicial deben hacerla respetar, pero no lo hacen porque pertenecen a una cúpula corrupta que avala al régimen a cambio de beneficios y privilegios personales.
La Unidad Democrática tiene el deber de ponerse al lado del pueblo en su lucha diaria por sus derechos sociales y económicos, y para lograr el cambio político que ya es una necesidad nacional urgente.