Sin duda, la situación suscitada por el TSJ es abusiva y desviada, se “extralimita del orden jurídico” y sus decisiones tienen el carácter de proclama política y como tal debe analizarse
La democracia es sinónimo de libertad y justicia. Es la manera de “construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder” (Pnud, 2004). Montesquieu, inspirado en el modelo político inglés, proclamó (1747) un sistema de “controles y contrapesos” en el ejercicio del poder que neutralizara cualquier intención despótica. Precisó que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no debían concentrarse en las mismas manos, de forma tal que cada poder contrarresta y equilibra a los otros (Wikipedia).
La democracia, entonces, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos y el mejoramiento de su calidad de vida. Por tanto, es más que la creencia de que las elecciones es sinónimo de más y mejor democracia. La devastadora realidad nos muestra que en Venezuela esa premisa básica no se cumple. Navegamos en un mar de incertidumbres, de expectativas y esperanzas frustradas y escandalosas decepciones. El régimen venezolano está divorciado de esa concepción y las crisis política, económica, cultural y la social, que raya en lo humanitario, lo expone con toda crudeza. Un sombrío panorama que hace de la represión a cualquier disidencia, el motivo central del accionar gubernamental.
No obstante, la crisis política e institucional llegó a un punto de inflexión cuando la Sala Constitucional del TSJ dictó las sentencias Nos. 155 y 156 que no solo eliminó la inmunidad parlamentaria sino que terminó de defenestrar al poder Legislativo cuando el máximo tribunal asumió las funciones del parlamento. Además, califico de “traición a la patria” el ejercicio de las potestades constitucionales de los diputados al solicitar la aplicación de la Carta Democrática ante la evidente ruptura del orden constitucional.
Sin duda, la situación suscitada por el TSJ es abusiva y desviada, se “extralimita del orden jurídico” y sus decisiones tienen el carácter de proclama política y como tal debe analizarse. No es el momento de los alegatos legales, que son válidos, porque ante la gravedad de la situación hay que darle paso al ejercicio de la política, pues ella es la que debe formular opciones que guíen a la ciudadanía en la exigencia de la restitución del hilo constitucional, el cual trasciende la “enmienda” realizada por el TSJ.
En tal sentido, apoyo el Acuerdo del Consejo Universitario de LUZ del viernes 3 de abril 2017, rechazo la brutal represión a quienes demandan el respeto al Estado de derecho y el establecimiento de un cronograma electoral. En particular, repudio la violación de la autonomía de la Universidad de Carabobo por las fuerzas del orden público.