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Hoy serán presentados ante tribunales militares de Maracaibo, 16 de los 18 detenidos, presuntamente por estar incursos en los hechos violentos que se suscitaron en sitios públicos de La Villa del Rosario, este viernes en la tarde tras ser reprimida una protesta por parte de la Guardia Nacional Bolivariana.
Familiares de los imputados dijeron a la prensa que sus parientes fueron sacados de uno en uno este domingo en la noche de la subdelegación del CICPC de La Villa, donde estaban recluidos. El procedimiento se realizó para que estos, que estaban en vigilia todo el fin de semana, no se enteraran del traslado.
Líderes políticos, allegados y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, se mantienen en contacto para exigir que sean procesados tal como lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como lo exige el Ministerio Público.
Este hecho es condenado por la mayoría de los habitantes por haber sido contra bienes nacionales, en especial los ocurridos en la Notaría Pública. Sin embargo, hay un rechazo a que los detenidos sean trasladados a la jurisdicción militar, porque es evidente el sesgo político al procedimiento.
Los primeros en oponerse a esta acción son sus familiares, quienes están en permanente vigilia frente a la subdelegación Rosario de Perijá, donde han ordenado su reclusión hasta que sean trasladados, presuntamente a Caracas o a cualquier centro penitenciario del centro del país.
Hasta ahora solo se conoce la identidad de Ríchard Quintero, de 18 años; Darwin Villalobos, Jhonathan Brito, de 24; Tomás Luzardo, de 37; Carlos Mercado, de 19; Jhon Jiménez, de 25; Ángel Ahumado, de 31; Orlando Mieles, de 41 años, y José Miguel Martínez Primera; este último llegó después de los hechos y se tomó una foto en el sitio, por la que fue buscado hasta su residencia. Niega que haya participado en la turba.
"Ultraje al centinela"
La abogada Liseth Mogollón, miembro de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), informó que un hombre de 30 años, a quien detuvieron el 5 de mayo por obstaculizar la vía pública en la avenida Delicias de Maracaibo ya lo imputaron y privaron de libertad con un beneficio de casa por cárcel. Apuntó que a todos les adjudican el delito de ultraje al centinela, lo que utilizan como elemento para tratarlos por tribunales castrenses. "Este delito cabe para ser llevado a la jurisdicción militar, pero nosotros abogamos al juez civil porque están acomodando el desarrollo de una marcha como ultraje al centinela. Allí está la irregularidad y el vacío legal", explicó la profesional del Derecho a este rotativo.