Legalizar el abuso

Debe tenerse presente que la presión que se busca ejercer con estas amenazas tiene una doble vertiente. Por un lado, y quizás la más visible, está orientada a amedrentar a los factores de la oposición

La constituyente más que ser un medio para encontrar una solución política a la difícil situación de Venezuela ha sido convertida, por quienes la promueven, en un arma que busca imponer una posición particular. Cuando ésta se anuncia como un medio para acabar con la inmunidad parlamentaria de diputados electos por la mayoría de los venezolanos, lo mismo que el resaltar que será un medio para imponer un modelo que nadie quiere, se está transformando un proceso que por naturaleza debería ser de encuentro en un arma para que una minoría se imponga.

Debe tenerse presente que la presión que se busca ejercer con estas amenazas tiene una doble vertiente. Por un lado, y quizás la más visible, está orientada a amedrentar a los factores de la oposición, particularmente intenta doblegar la voluntad de lucha. Para ello no solo se está recurriendo a la amenaza, sino que se ha intentando ponerle fecha de fin a las protestas, como si de instalarse una asamblea constituyente fuera suficiente para que las personas que hoy protestan legítimamente regresen a sus casas. El descontento no se acaba con un acto que se intenta disfrazar de legal.

La segunda vertiente, menos visible pero muy importante, es la presión que ejerce el llamado a una constituyente sobre los sectores del oficialismo que internamente se han enfrentado entre sí. Cada vez es más evidente la lucha de poder a lo interno del régimen, y lo que pudiera buscar un sector es utilizar esta arma legal para depurar sus filas, particularmente en aquellas instituciones en las que han ido perdiendo el control. Como ejemplo más evidente de esto es el caso de la fiscal general de la República, pero seguramente hay otros casos que aún no han saltado a la luz pública.

Se está así frente a un intento de cerrar filas por parte de los sectores más radicales dentro del régimen, plasmando un documento para darle visos de legalidad a un sistema que no permite la disidencia, muchos menos la alternancia, y sobre todo que garantice la hegemonía de un partido único. Todo esto independientemente del fracaso evidente de un modelo que ha sumido al país en una crisis social y económica sin precedentes. Lo que se quiere al final de cuentas es formalizar los abusos a los que se ha sometido a la población.

Ante este escenario hay que insistir en decir que legalidad no es igual a legitimidad, y la primera se convierte en letra muerta sin la segunda. La Constituyente de 1999, y la Constitución que de ella se derivó, fueron Legales pero sobre todo Legitimas, esto último gracias a que la mayoría del pueblo las refrendó. Hoy unos pocos quieren conducir al país a un camino sin salida institucional, en el que la imposición es el único argumento. Los pocos refugios de institucionalidad que aún quedan en Venezuela hoy están llamados más que nunca a dar un paso al frente.