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El Ministerio Público (MP) pidió ayer una “acción de protección” para “imponer” a los cuerpos de seguridad del Estado que cumplen con funciones de orden público la “obligación” de no utilizar gases lacrimógenos u otros “agentes químicos de disuasión” cerca de los centros educativos y de salud, tanto públicos como privados.
La petición la introdujo el fiscal 100º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Vicente Gómez, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, civil e instituciones familiares, ante el Tribunal 32º de esa jurisdicción, según un comunicado del ente.
La acción judicial busca garantizar la “integridad física, derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes” que se encuentran en centros de salud infantil y planteles educativos, en vista, según el MP, del uso de gases lacrimógenos por parte de los cuerpos de seguridad para el control de manifestaciones públicas.
La utilización de sustancias de disuasión ha afectado el desenvolvimiento cotidiano de las actividades de los estudiantes y pacientes en centros de salud, de acuerdo con el escrito.