Estas medidas se solicitaron para garantizar la seguridad de los empleados pertenecientes a la Fiscalía ante recientes amenazas e intentos de agresiones
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó sobre la solicitud de medidas cautelares para los trabajadores del Ministerio Público hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estas medidas se solicitan días después que la directora de delitos comunes del Ministerio Público (MP), Marisela Lucena, informara que la sede principal de esa institución, ubicada en Caracas, y sus funcionarios han sido “objeto de asedio” por parte de simpatizantes del oficialismo.
La funcionaria señaló que también hubo “robos y ataques contra dos funcionarios” tanto en Caracas como en el estado Aragua.
El pasado 12 de junio Ortega Díaz responsabilizó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de “cualquier daño” del que pueda ser objeto su familia que, afirmó, ha recibido amenazas tras su distanciamiento con el Ejecutivo.
La petición se conoció a través de su cuenta en Twitter.
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Por otro lado, los Ministerios Públicos del Mercado Común del Sur (Mercosur) expresaron en un comunicado su rechazo a las acciones emprendidas contra la Fiscal General y que podrían significar su remoción del cargo.
En el texto, divulgado en el Twitter del Ministerio Público, los entes de Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, pidieron respetar “la autonomía y la independencia en el legítimo ejercicio de sus funciones”.
Los organismos rechazaron “cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que ponga en riesgo la integralidad de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz”.
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