
Catalina
La sede del Ministerio Público (MP) en Caracas amaneció ayer rodeada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que impidieron el acceso a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República. Minutos después, y por decisión unánime, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la removió del cargo y colocó temporalmente en su reemplazo a Tarek William Saab, defensor del Pueblo. La acción fue en paralelo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó un antejuicio y la inhabilitación de la alta funcionaria para cualquier otro cargo público. Le prohibieron salir del país, gravar sus bienes y congelar sus cuentas. Mientras representantes del Gobierno celebraban el fallo "por la paz", dirigentes opositores y expertos constitucionales condenaban el hecho, aseverando que la medida es un "golpe de Estado".
“Era de esperarse. El golpe de Estado está desde que esa constituyente se dio por aprobada, a pesar del rechazo popular en referendo consultivo -16 de julio-. Ya atentaron en contra del MP. Se atrevieron a cerrar el paso y a nombrar al defensor del Pueblo. Están abiertamente en contra de la Constitución”, declaró a La Verdad, Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del TSJ, quien repudió la solicitud de Diosdado Cabello de que la ANC dure dos años cuando los estatutos de las bases comiciales presentadas al presidente Nicolás Maduro dicen que debe ser de seis meses. “Dos años pasa todos los límites necesarios para el fin de una constituyente que es refundar el Estado, cambiar el ordenamiento jurídico y hacer una nueva Carta Magna. Eso denota que no tienen esa intención, sino que quieren hacer un gobierno paralelo”.
El constituyente Aristóbulo Istúriz leyó el comunicado en el que se determina que el dictamen contra Ortega Díaz es por presuntamente contrariar la Constitución y promover a la violencia. Declararon el MP en emergencia y ordenaron su reestructuración, lo que podría durar entre tres y cuatro meses, según el constituyente Hermánn Escarrá.
Especialistas expresan que la ANC no es para remover cargos, sino para modificar la Constitución. Ante esto, Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del Partido Popular (PP) en España, no dudó en afirmar que con la “ANC se consumó un golpe de Estado en toda regla". Expuso que el PP no reconocerá una constituyente hecha un "fraude", "de manera chapucera" y "con el único objetivo de que Maduro se perpetúe en el poder".
Inmunidad parlamentaria en la mira
Con la remoción de la fiscal y la reestructuración del MP, la ANC siguió al pie de la letra la indicación del presidente Nicolás Maduro, quien el pasado lunes dijo: “¿Qué creen que (la constituyente) deba hacer con la Fiscalía? Reestructurarla de inmediato, declararla en emergencia y tomar el mando para que haya justicia”. Ese día resaltó que “habrá que levantar la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad”, refiriéndose a diputados opositores de la AN.
¿Qué es un golpe de Estado?
Según la edición 22 de 2001 del Diccionario de la Real Academia de España (DRAE), es una “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del Gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes''.
“Las ANC no separan de sus cargos a los funcionarios, reforman la Constitución. Esto no es una ANC. Es un asalto más a los derechos humanos”.
Catalina Botero
Decana de la Facultad de Derecho de la ULA
“La AN es el único órgano que puede remover de su cargo a la fiscal. La ANC no puede asumir esta competencia”.
José Vicente Haro
Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
“La Fiscalía General asediada por militares armados: Una imagen típica de un golpe de estado militar”.
Sadio Garavini
Exviceministro de Justicia