Inti
Carlos Albornoz, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, no tiene duda de que la notificación del Inti de “medida de rescate” sobre su finca El Golgota, ubicada en Chaguaramas, en Guárico, es “una retaliación que obedece” a las acciones que emprendió el sector en “defensa” de los derechos constitucionales. Y un mensaje de sumisión a “no manifestar”.
Ayer, el Instituto Nacional de Tierras emitió la comunicación oficial en la que asume el control del predio donde se produce carne, leche y maíz en 800 hectáreas. La acción responde a una orden de “un diputado de la Asamblea Nacional” a través del canal de televisión del Estado, “que el Inti obedeció” cuando el gremio apoyó manifestaciones cívicas por la restitución del hilo constitucional.
Albornoz asegura que la intervención suma un “nuevo ataque desproporcionado” a la federación, “que deja sin sustento a nuestra familia, a nuestro hogar. Y no solamente nos afecta en lo patrimonial sino afecta la producción de 46 mil kilos de carnes (producidos al año), un millón y medio de vasos de leche escolar para los niños y 36 millones de arepas de la siembra del maíz”, en riesgo para 2018, y más de 400 empleos directos, indirectos y ocasionales.
Fedenaga se unió a las protestas pacíficas de la sociedad civil en “defensa de los derechos humanos”. Los productores se movilizaron en sus regiones, sin paralizar actividades de aseguramiento de producción de alimentos.
“No tuvimos una persona presa. Ningún saldo que lamentar. Movilizamos tractores, caballos, camiones, camionetas. Nadie puede decir que nosotros abusamos, nos excedimos, o que causamos malestar. Las vías estuvieron abiertas. La gente pasó y vio la protesta”.
El presidente destaca, en contacto telefónico con La Verdad, que la arremetida del Gobierno contra la finca de un directivo de Fedenaga “es un mensaje para el resto de los predios que están inspeccionando a partir de las acciones que emprendió la federación. El Inti le manda un mensaje de sumisión para que los líderes gremiales del país no se manifiesten y se sientan sometidos”.
Ante la controlaría jurídica de la institución presentarán las pruebas que rebaten la medida. Aunque ya en la inspección los funcionarios actuantes señalaron “que es una orden superior”, alejada de la normativa legal. Albornoz advierte que la continuación de la vulneración de los derechos humanos carga responsabilidades a quien la comete.
Apoyo
Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, rechaza la intervención de fincas por ser continuación de la política de expropiación que causa escasez y desabastecimiento de alimentos en la mesa de los hogares.En la red social pública que “es la profundización del error, se incrementará la caída de la producción nacional”.