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Rick Scott, gobernador de Florida, se reunió ayer en Miami con líderes del exilio venezolano para perfilar un proyecto de ley que “prohíba estrictamente” al estado y todas sus agencias hacer negocios con empresas vinculadas con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Fue una primera discusión sobre la legislación que está confeccionándose y que es una iniciativa más del gobernador para apoyarnos. Escuchar los comentarios de venezolanos que viven aquí ayuda a levantar la voz y a hacer presión internacional”, indicó a EFE Carlos Vecchio, coordinador nacional político de Voluntad Popular.
Durante la mesa redonda “Freedom for Venezuela” (Libertad por Venezuela), Vecchio propuso al gobernador ver hasta dónde se puede regular a empresas venezolanas vinculadas con el gobierno de ese país que tuvieran activos y propiedades en Florida, incluyendo a la estatal petrolera PDVSA.
A tenor con la idea de Scott de prohibir las inversiones, el coordinador de Voluntad Popular sugirió desmantelar lo que ya está hecho.
“También le dije que sería bueno ‘desinvertir’, o sacar la inversiones que ya se han efectuado y evitar a toda costa los ‘bypass’ con empresas que están situadas en terceros países y pudieran escapar a la legislación”, agregó Vecchio.
En la conversación, que tuvo lugar en la sede de la Universidad Rafael Belloso Chacin, situada en Doral, ciudad contigua a Miami y donde vive una numerosa comunidad venezolana, los participantes, según Vecchio, hicieron hincapié en que la iniciativa de Scott se pueda expandir a otros estados.
Unos 20 estados podrían trabajar con ella en el futuro, dijo el político exiliado, según lo que trascendió de la reunión.