En el boletín sobre la situación general de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas publicado este viernes por la Codhez se destaca también que las etnias wayúu, añú, barí, japreria y yukpa sobreviven sin servicios públicos de calidad
Las comunidades de las etnias wayúu y añú en la Guajira y barí, japreria y yukpa, en la Sierra de Perijá sobreviven con fallas en la prestación de los servicios públicos y sin acceso a servicios de salud de calidad.
Así lo evidencia el boletín sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia -pueblos y comunidades indígenas-, publicado este viernes por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
Resalta también el documento la alarmante presencia de la desnutrición infantil y la proliferación de grupos irregulares que ponen en riesgo la vida e integridad personal, entre otras situaciones que conforman el día a día de estas poblaciones ubicadas en el norte y en el oeste del estado.
En Guajira
De acuerdo con lo documentado por Codhez, la continua ineficiencia en la prestación de los servicios básicos como la electricidad y el agua potable, sigue causando malestar y preocupación en la Guajira.
Esto empeora ante las graves limitaciones para ejercer derechos fundamentales como la salud y la educación, el derecho a la alimentación o el derecho al libre tránsito.
Se trata de una de las zonas del Zulia con mayores problemas de acceso al servicio eléctrico por falta de generación eléctrica, fallas en la distribución por daño de guayas y equipos básicos, y transformadores quemados, entre otras.
Por ejemplo, en la población Añú en la Laguna de Sinamaica, conformada por 12 comunidades, padecen a diario de fallas eléctricas, con apagones que se extienden hasta por una semana.
Por su parte, el acceso al agua potable sigue siendo uno de los grandes problemas en la subregión.
En julio de 2022, 24 comunidades del municipio Guajira sufrieron períodos de hasta tres meses sin agua potable.
Pobladores deben caminar 10 kilómetros para llegar al jagüey de Patchuama’na, donde se abastecen de agua para su consumo, aun cuando no es apta para ello.
Se suma la falta de acceso a servicios eficientes de salud, así como las limitadas posibilidades de adquirir medicamentos de forma continua y asequible.
Para abril de 2022, en la Laguna de Sinamaica, solo funcionaba “el Ambulatorio Rural Puerto Cuervito, que cuenta con un solo médico. La asistencia sanitaria es esporádica, no hay obreros, ni camareros ni personal de enfermería. El ambulatorio tiene 90 % de déficit de insumos médicos”, documenta Codhez.
Además, los niños de la población añú apostada en esta Laguna, constantemente se enferman de diarrea, asma, fiebre y gripe.
Buena parte de estos niños presentan cuadros de desnutrición, advierte Codhez, indicando que en 2022 se reportó la muerte de 5 niños por vómito, diarreas y falta de transporte para salvarles la vida.
Así, las condiciones de vida en la Guajira se intensifican, al tiempo que el 80 % de los habitantes del municipio Guajira no tiene trabajo, lo cual dificulta su acceso a una alimentación adecuada y suficiente.
Entre tanto la pesca ha disminuido por la alta contaminación de las aguas y la falta de combustible, configurando un escenario desolador para la alimentación de poblaciones vulnerables como adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En la Sierra de Perijá
Nada distinto es la realidad para los pueblos y comunidades indígenas ubicadas en la Sierra de Perijá en cuanto al deterioro de las condiciones de vida.
En esta zona, las vías están tan deterioradas que es casi imposible hacer traslados en caso de emergencias, lo que implica un mayor riesgo para la vida de las personas, en especial quienes padecen alguna enfermedad, adultos mayores o mujeres embarazadas.
En la Sierra de Perijá, el acceso a los servicios de salud es casi imposible o nulo.
A esto se suma la predominancia en la población de enfermedades como la malaria, la desnutrición, la hepatitis, la leishmaniasis y la tuberculosis, además de los constantes accidentes ofídicos, como el ocurrido en julio de 2022, cuando resultó muerto un niño de 10 años producto de la mordedura de una serpiente y falta de suero antiofídico.
“En Toromo, solo hay un médico que atiende en el Ambulatorio Rural I de la localidad, sin insumos ni medicinas. La mayoría del tiempo este centro de salud permanece cerrado. El médico trata de llevar un registro de las mujeres embarazadas, dado que se han reportado incrementos en el número de niños recién nacidos fallecidos, ello debido a la falta de control prenatal”, destaca el boletín publicado por la organización zuliana.
Por otro lado, la demarcación de las tierras y hábitats indígenas persiste como una de las más grandes deudas estatales.
Ello ha generado eventos de violencia por la lucha de sus espacios ancestrales, muchos ocupados hoy por fincas y productoras de ganadería; luchas que han generado muertes y desolación entre los indígenas yukpas.
Sumado a esto, para mediados del año 2022, pobladores denunciaban la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que “penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas”.
Codhez resalta también que, desde 2014, las mujeres yukpas han padecido con mayor drama la muerte de hermanos e hijos en manos, presuntamente, de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana o grupos de sicarios. Hasta la capital del país han llevado sus voces exigiendo justicia, pero las investigaciones se mantienen archivadas.
En espera de compromisos estatales
Codhez exige al Estado venezolano el establecimiento de políticas que permitan visibilizar y solventar las múltiples carencias padecidas por los pueblos y comunidades indígenas.
Esto con un enfoque de derechos humanos, interseccional y de género, de manera que se otorgue atención prioritaria y privilegiada a las personas de estos pueblos que tradicionalmente son disminuidas en sus condiciones de vida, y resisten ante una continua desatención multidimensional e histórica, con el peso sobre sus espaldas de las cada vez más agudas necesidades que enfrentan en su cotidianidad.
Asimismo, insta a tomar las medidas necesarias para garantizar la libertad, seguridad y protección de los indígenas frente a las amenazas y hostigamientos de funcionarios de seguridad del Estado y grupos armados paralelos presentes en estas zonas del estado Zulia.
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diciembre 9, 2024
