“Venezuela ratifica que no reconoce ni reconocerá mecanismos de tutelaje o monitoreo como esta hostil misión, que dilapida los recursos de la ONU”, aseveró la Cancillería
El Gobierno rechazó este miércoles las “falsas acusaciones” realizadas por la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en el país, que responsabilizó al Ejecutivo de Nicolás Maduro de “atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política”.
“Esta seudo misión es muestra palpable del doble rasero y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos, con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas”, dice un comunicado de la Cancillería.
A juicio del Gobierno, esta comisión investigadora forma parte “de la política de cambio de régimen impulsada por las autoridades de Estados Unidos”.
“La infame misión pretende seguir tergiversando la realidad con falsas matrices mediáticas, dirigidas a dar aliento a los grupos más extremistas, que constantemente intentan alterar la paz y atentar contra las instituciones democráticas del país”, prosigue el escrito.
El gobierno de Maduro subrayó los avances en el diálogo y la cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Ejecutivo no reconoce informe
Ratificó que esta dinámica mantendrá “en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
“Venezuela ratifica que no reconoce ni reconocerá mecanismos de tutelaje o monitoreo como esta hostil misión, que dilapida los recursos de la ONU y claramente transgrede los pilares fundamentales del multilateralismo y los principios que rigen las labores del Consejo de Derechos de Humanos”.
La Misión presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de las informaciones que procesó en los últimos meses, en la que habló de “graves violaciones que continúan produciéndose en Venezuela”, entre las que mencionó la detención de opositores.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, hizo referencia a datos de oenegés locales que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos civiles y militares, a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal.
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