El tribunal que lleva la causa del dirigente difirió cualquier pronunciamiento hasta que este no se presente y se haga efectiva su captura
El caso de Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, “es muy fácil de rebatir”, porque desde el punto de vista jurídico “tiene muchas inconsistencias”. Así lo explicó a La Verdad Magaly Vásquez, abogada del dirigente, quien precisa que el procedimiento que hay en contra de su defendido hay que llamarlo por su nombre: un juicio político.
Para la integrante de la defensa del exmandatario regional, el hecho de que cada vez que hubo un proceso electoral o alguna situación en la que Rosales se presentaba como candidato o asumía una posición contraria al Gobierno se reactivó la causa, evidencia los vicios de un caso que cualquier juez ajustado al derecho debería declarar sin efecto.
El posible retorno del dirigente, quien anunciará el próximo jueves al país si abandona el exilio para regresar a las calles de Venezuela, ha abierto el debate sobre el procedimiento judicial que deberá enfrentar Rosales a su vuelta. Vásquez considera que las declaraciones de José Luis Pirela y Eladio Aponte Aponte, quienes aceptaron que el caso de Rosales fue un montaje del Gobierno nacional, son un argumento suficiente para que la orden de aprehensión no se ejecute. Recordó, sin embargo, que el Tribunal que lleva la causa difirió en agosto de manera “ilegal” cualquier pronunciamiento hasta tanto su defendido se presente y se haga efectiva su captura.
El calvario de Rosales
¿Cuándo comenzó el proceso de Manuel Rosales?
-El 13 de septiembre de 2004, la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público (MP) solicitó una investigación contra Manuel Rosales tras recibir una denuncia que llevó a cabo el entonces dirigente chavista José Luis Pirela.
– El 18 de enero de 2006, después de dos años de exhaustivas actuaciones fiscales, tales como la recepción de declaraciones de testigos y práctica de experticias contables, la Fiscalía decretó el archivo fiscal, por considerar que: “no había sido posible determinar ilícitos penales, que comprometan la responsabilidad de Rosales y por consiguiente instaurar una Acusación Penal en contra de él.
– En fecha 20 de agosto de 2007, el MP dictó orden de reabrir el caso en contra del dirigente zuliano.
Un perseguido de Hugo Chávez
-El 12 de octubre de 2008, Hugo Chávez, expresidente, lo acusó públicamente de desviar los recursos públicos para otros fines: “Me andas espiando, vigilando y conspirando contra mí, pero vamos a ver quién dura más en el mapa político venezolano. Voy a meter preso a Manuel Rosales, lo voy a desaparecer del mapa político venezolano, a ese desgraciado lo meto preso”.
-El 31 de octubre de 2008 la vicefiscal de la Fiscalía General de la República remitió el expediente de verificación de la declaración jurada de patrimonio de Rosales, hecho por la Contraloría General de la República, a la Fiscalía Undécima del MP. Esta era la misma investigación iniciada en el año 2004, donde se había probado que no había indicios ni irregularidades en las actuaciones fiscales. Para esa misma fecha, el Presidente de la República anunció la “Misión Rosales va preso”.
¿De qué se le acusa?
– El 11 de diciembre de 2008, el MP procedió a la imputación por enriquecimiento ilícito. El mismo MP lo acusó por ese delito el 19 de marzo de 2009 ante el Tribunal 6º de Control del Zulia. Al día siguiente solicitó al Tribunal Supremo que, para evitar que se alterara este proceso judicial en el Zulia, donde el dirigente tenía un piso político importante, se radicara la causa; solicitud aceptada tres días después, radicándose en el Tribunal 19º de Control del área metropolitana de Caracas.
– La audiencia preliminar fue fijada para el 20 de abril. En esta audiencia debía determinarse si se aceptaba la denuncia interpuesta, así como la decisión en cuanto a las medidas de privativa de libertad y prohibición de salida del país, ambas solicitadas también por la fiscal. Esa audiencia nunca se llevó a cabo porque Manuel Rosales se fue al exilio y el 27 de abril de 2009 el Gobierno de Perú le otorgó asilo territorial.
Inhabilitado
– El 25 de mayo de 2010, fue publicado en Gaceta Oficial la resolución emanada del Contralor General de la república, mediante la cual se sancionaba a Rosales con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 12 meses, con fundamento al incumplimiento de la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como gobernador del Zulia en diciembre de 2008, ingreso al ejercicio de sus funciones como alcalde de Maracaibo en diciembre de 2008 y cese de sus funciones como ejecutivo municipal en mayo de 2009.
– Nuevamente, frente a la convocatoria a elecciones parlamentarias anunciadas por el CNE para diciembre de 2015 y ante el anuncio de la posible postulación de Rosales para encabezar la lista por el estado Zulia, se difundió una nueva inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de siete años y seis meses.
Las pruebas de la inocencia
– El Gobierno de Venezuela le solicitó a la INTERPOL su inmediata captura. El 30 de abril de 2010 la comisión que tomó el caso concluyó que “en vista de todos los datos del expediente, existían dudas respecto a el tratamiento de la información sobre Rosales en conforme a las normas de la organización. El 20 de agosto de 2012, la Comisión informó que INTERPOL retiró de su sitio web el extracto de la notificación roja publicada sobre Manuel Rosales. La Comisión decidió finalmente en su 83ª reunión en mayo de 2012 que las actuaciones contra el dirigente opositor tenían un carácter predominantemente político, y por consecuencia no entraban en el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Constitución de INTERPOL.
– El ex magistrado Eladio Aponte Aponte hizo en 2012 una declaración jurada donde confesó que se prestó para montar una maniobra a fin de enjuiciar injustamente a Rosales.
“Se nos ordenó en el año 2008, impulsar una investigación contra el exgobernador del Zulia y atender las directrices de la Fiscalía General de la República. Sin prueba alguna, se le acusó. Se nos dijo que ya la Contraloría General de la República tenía el trabajo adelantado que resultó un sinfín de falsedades”.
– José Luis Pirela, quien solicitó una investigación contra Rosales, confesó ante diversas instancias las presiones que recibió del exmagistrado Aponte Aponte para fraguar el fraudulento proceso penal. “Todo fue un plan orquestado para liquidar políticamente a Manuel Rosales a través del linchamiento judicial”.