Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el Reporte Nacional, Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, Derecho a la Educación y en el cual detallan que cerca del 100 por ciento de las escuelas oficiales no reciben regularmente recursos del Estado para su funcionamiento
En 75 por ciento se incrementó la violencia dentro de las escuelas por crimen organizado, microtráfico de drogas, violencia de odio y agresiones a estudiantes y docentes, según detalla el Reporte Nacional, Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, Derecho a la Educación.
El informe, redactado por un grupo de siete organizaciones de la sociedad civil dedicadas al monitoreo de la situación educativa en el país, especifica que puntualmente este tipo de situaciones de violencia escolar son recurrentes en planteles de seis estados de Venezuela.
“Directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo son amenazados por estudiantes armados, quienes consumen y trafican drogas y pertenecen a grupos delictivos, quienes permanecen en impunidad, pues los organismos de seguridad no hacen presencia a pesar de las denuncias realizadas”, dice el texto.
Las ONG señalan que en las instituciones educativas son “inexistentes” los programas para el manejo del bullying y para ilustrar la situación citan tres casos diferentes, entre los cuales destaca el envenenamiento a una docente por parte de una estudiante, presuntamente, por colocarle bajas calificaciones.
Otro tema que destaca es que “cerca del 100 por ciento de las escuelas oficiales no reciben regularmente recursos del Estado para el funcionamiento ni para mantener o reparar las instalaciones”.
Aseguran que el dinero para los gastos de funcionamiento y mantenimiento no es provisto a casi el 100 por ciento de los planteles en oportunidad ni cantidad suficiente, por lo que es común ver que labores de mantenimiento, ampliación y mejoras no sean concluidas por falta de fondo.
En 50 por ciento de los planteles, los representantes contribuyen con los costos de papelería e insumos de oficinas. Además, hacen arreglos menores y junto con los docentes aportan para comprar los artículos de limpieza e iluminación y también emplean parte de su tiempo para limpiar y adecuar las aulas a las necesidades de sus hijos. “Contraviniendo la ley, algunas escuelas cobran cantidades variadas por concepto de inscripción para recabar fondos”.
¿Y cómo ven clases?
Otros tópicos como la alimentación y los riesgos de salud que viven los niños venezolanos en las escuelas están presentes en el reporte. Por ejemplo, denuncian que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) “solo llega dos veces a la semana y cuyas provisiones son irregulares, insuficientes, de mala calidad y de bajo contenido calórico”.
Explican que los desmayos aumentaron en un 80 por ciento dentro de las instalaciones escolares durante las horas de clase y de recreación, sin embargo el fenómeno no solo ocurre entre los estudiantes, sino en miembros del personal docente, aunque en menor medida.
Los especialistas achacan el problema al PAE, “por no garantizar suministro de al menos dos comidas balanceadas al día y que en la mayoría de los casos solo se recibe dos días por semana de forma insuficiente en 80 por ciento de los planteles. En el año escolar 2016-2017, 69 por ciento de las escuelas dejaron de proveer desayunos”.
Las comidas solo suministran verduras o carbohidratos, sin proteína, lo que afecta la ingesta de nutrientes y calórica mínima. No tiene lácteos como el queso y la leche, es consumida una vez cada tres meses en promedio.
“La falta de agua potable, de utensilios y el uso de ollas en muy mal estado ha ocasionado enfermedades gastrointestinales y diarreas severas en la población estudiantil. El 71 por ciento de las instituciones no cuenta con comedor ni espacios adecuados para contar con ellos”, apuntan.
Los estudiantes se alimentan en tazas o viandas de sus respectivas casas y comen en los pupitres. Las organizaciones estiman que al menos 50 por ciento de los planteles redujo sus horas “efectivas” de clases para evitar problemas de salud.
En un 50 por ciento también repuntan las enfermedades endémicas y dolencias posturales en los alumnos a causa de falta de higiene, alimentación y pupitres. Ese mismo porcentaje se mantiene de los centros educativos, se reportan exposición y propagación de enfermedades endémicas entre los estudiantes por falta de higiene, debido a las severas fallas de suministro de agua potable y su inadecuado almacenamiento.
“Las aguas servidas son dispuestas inapropiadamente. En 90 por ciento de los planteles de los que se obtuvo información no hay personal de mantenimiento y aseo, ni dotación de insumos para la limpieza de las instalaciones. Se imposibilita el adecuado manejo de los alimentos y el aseo de los estudiantes”, indica el reporte.
En las instituciones escolares hay un aumento de casos de escabiosis, diarreas, parasitosis, sarampión y/o pediculosis; y se han incrementado las dolencias posturales por falta de dotación de pupitres para los alumnos, y escritorios y sillas para los docentes. “En un plantel se reportan 16 pupitres para 160 alumnos, por lo cual atienden clases sentados en el suelo”.
Todo esto ocurre al tiempo “que los servicios de medicina preventiva, odontología y orientación psicológica desaparecieron paulatinamente, y al menos 90 por ciento de las escuelas no dispone de insumos para emergencias básicas”.
Un lento, pero seguro adiós
Según estimaciones de las organizaciones no gubernamentales que participaron en el reporte, estima que al menos 40 por ciento de docentes de básica migraron por supervivencia, al menos 120 mil niños y jóvenes permanecen desplazados en Colombia, en una migración masiva no reconocida por el Estado.
Se cree que solo permanece en el país el 60 por ciento de los docentes. Un número indeterminado, pero significativo de estos está dedicado a labores distintas a la docencia o al menos las comparten con la docencia.
Esto sucede porque la baja remuneración, o en algunos casos, la falta absoluta de pago principalmente. A esto se suma la politización del hecho docente por encima de la calidad educativa, el acoso e intolerancia a la disidencia política y la restricción a la libertad académica, motivan la renuncia y en la mayoría de los casos el abandono del cargo.
El Gobierno se niega a reconocer la migración masiva de estudiantes y docentes calificándola de problema de ausentismo.
Además, el reporte critica que desde 2015 no se dispone de información pública oficial sobre la gestión de la educación, y el Estado no demuestra capacidad para solucionar las situaciones que afectan a los escolares.
Explica que en situaciones de crisis o emergencias humanitarias, es parte de las obligaciones de los gobiernos demostrar que hicieron el máximo uso de los recursos nacionales disponibles y aceptar la asistencia y cooperación internacional en caso de que los efectos de la emergencia excedan sus capacidades.
Y advierte que “la renuencia a proteger los derechos de las personas en estas situaciones compromete responsabilidades de los Estados con violaciones internacionales de los derechos humanos”.