La pérdida de cinco mil 500 empleos por el cierre de los galpones de Empresas Polar para la presunta construcción de viviendas preocupa a más de una organización
Mil 500 empleos directos y cuatro mil indirectos serían los afectados por la expropiación de los galpones de La Yaguara, así lo afirmó Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras. La logística operativa para la distribución de alimentos sería afectada por esta medida, expuso.
La empresa privada se ve amenazada frecuentemente por este tipo de intervenciones y la desconfianza de los inversionistas se propaga. El centro de distribución propiedad de Empresas Polar es un ejemplo ilustrativo, pues lo que fue la mayor fuente de distribución de alimentos de la Gran Caracas, ahora tienen intenciones de transformarlo en viviendas.
Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, indicó que rubros como harina de trigo, aceite, azúcar y pasta presentarían mayores índices de escasez. Hasta el momento se desconoce el alcance de la ocupación de los terrenos de Empresas Polar.
La demanda de reubicación del galpón desencadenó una ola de comentarios en rechazo. Martínez explicó en el programa A Tiempo, de Unión Radio, que no entiende “la lógica económica para atacar a Polar”.
Resaltó la importancia del diálogo entre el sector público y el privado teniendo en cuenta este hecho y los saqueos en San Félix. Propuso para ello una agenda de cinco puntos; entre ellos se destacan la revisión del régimen cambiario para que sea más eficiente y garantice la adquisición de materias primas y repuestos. El objetivo es que se alcance una economía “tan fuerte y robusta que no haga falta tener mecanismos de control”.
Hizo un llamado al comportamiento cívico. Defendió la posición de los empresarios que hacen “lo más humanamente posible” para que los negocios se mantengan a flote y ofrecer los productos y servicios que requieren los usuarios. “Todos sabemos el problema de poder adquirir los productos, pero el consumidor debe entender”.
Subrayó lo vital de la vigilancia de la llegada de los recursos por encima de la salida de capitales: “Mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo problemas severos en la capacidad productiva local”.
Martínez dio cabida a la revisión de la propuesta de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) de sentar un Sistema Administrado de Precios para el sinceramiento de los importes de bienes y servicios acorde a la realidad económica del país. Se incluyó también el incentivo a la producción nacional y el respeto a la propiedad privada.
El empresario sostuvo que el consenso debe estar regido por el reconocimiento de las partes, su confianza recíproca y el logro de acuerdos mínimos. Aseguró que no rechaza la ideología del Plan de la Patria, pues consideran válido que el Gobierno tenga una visión ideológica. Añadió que lo que no aceptan es que sus ideas “no les permita ver la realidad económica del país”.
A pesar de esta intención, afirmó que las reuniones entre el Gobierno y el sector privado terminan en insultos. Indicó que en Fedecámaras están dispuestos a acompañar al Ejecutivo nacional si son incluidos en el consenso.
Voz laboral
Las intervenciones de terrenos pertenecientes a empresas privadas genera la reacción de diversas organizaciones. Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, rechazó el proyecto que se ejecuta en los galpones de Empresas Polar. Las pérdidas de empleo y del mayor centro de distribución de la Gran Caracas son los factores que causan la inquietud de la vocera de Unete.
Máspero expresó el apoyo de la organización a los trabajadores de Polar y afirmó que se efectuaría una asamblea para buscar escenarios para la defensa de esos espacios, pues la situación generaría pérdidas de empleo.
Toma “genera nuevas trabas a la libre empresa”
Redacción Economía. El Observatorio de Derechos de Propiedad alertó sobre los efectos negativos que tendrá la toma de los terrenos de Empresas Polar en La Yaguara (Caracas) por parte del Ejecutivo nacional. En un comunicado la organización pertenenciente al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) destacó que “no está claro cuál sería el ‘fundamento jurídico’ de la medida.
El observatorio destacó que la toma de los terrenos donde funciona el principal centro de distribución de alimentos y bebidas de la industria para construir viviendas “incidirá directamente sobre los procesos de distribución y comercialización de los bienes presentes en estas plantas (…) los cuales automáticamente han sido confiscados por el Estado, generando nuevas trabas a la libre empresa que todavía continúa produciendo a pesar de las circunstancias adversas”.
De acuerdo con el texto, la organización consideró que se trata de una decisión “inconstitucional y desprovista de toda racionalidad y responsabilidad. Esta medida agravará aún más la precaria situación económica y social que atraviesa Venezuela”.