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El plan piloto de bloqueos de cédulas sospechosas de “bachaqueo” se amplía a más supermercados del Zulia porque, según las autoridades, es un “éxito”. Se estiman entre cinco o siete tiendas más. La Gobernación del Zulia informará cuáles son los establecimientos de las cadenas privadas bajo la medida de suspensión de usuarios.
En los datos ya se registran 16 mil 810 personas suspendidas. “Estamos consultando a la sala popular extender en cinco comercios más que no han sido determinados. El gobernador (Francisco Arias Cárdenas) en las próximas horas estará anunciando”, soltó Billy Gasca, secretario de Gobierno. “Vendrán otras medidas, que serán de sometimientos a investigaciones ante la Fiscalía del Ministerio Público de acuerdo con el comportamiento de esas tiendas liberadas de personas que hacen un negocio” ilícito.
Personal de una cadena de automercados asomó que hay miradas de restricciones a las sucursales de San Francisco y Haticos, “porque es fuerte la presencia de compradores”. Otro negocio ubicado Doctor Portillo está en lista. Desde la Gobernación se analizan los registros. Billy Gasca adelantó que habilitarán “la próxima semana” una oficina en la Primera División de Infantería, en la Redi, para los bloqueados y “con su cédula laminada podrán exponer su caso. Los técnicos estarán analizando la traza de alimentos. Donde nos hayamos equivocado se corregirá de inmediato”.
Acción sindical
Ayer, trabajadores de tres de las principales cadenas protestaron por la prohibición de compras en sus sitios de trabajo. Recalcaron que cumplen con la normativa que impone el Gobierno con el sistema biométrico y cantidades de productos. “Somos enemigos de los 'bachaqueros'”. Gilberto Atencio, delegado sindical del sector, aseguró que los empleados bloqueados “no son ‘bachaqueros’”.
Solo en esa empresa hay cerca de mil 50 prohibiciones de una plantilla de dos mil personas. “Somos padres de familia, nosotros tenemos los registros de lo que dice el Gobierno que podemos comprar”, precisó Nelly Stevenson, vocera de los empleados. “La mitad de la nómina aparece bloqueada. En el centro piloto de La Lago hay 116 de 150”. Reclamó que tres semanas antes de la medida, se acordó vender los jueves garantizando el abasto semanal, pero luego la Gobernación les bloqueó.
El rechazo a señalar a los trabajadores de responsables del “bachaqueo” tocó a más cadenas. Dexón Castro, directivo del sindicato de una supertienda, criticó que entre 70 y 80 por ciento de la nómina está restringida. “Solo compramos las cantidades del tabulador que emitió la Gobernación. Somos los primeros en cumplir las reglas”.
Alejandro Vera, delegado de Sintraconreca, señaló que mil 200 empleados, 62 por ciento de mil 937, están afectados. “Estamos preocupados. No vamos a aceptar firmar ningún documento porque no somos 'bachaqueros'”. Esto luego de conocer que existe la “propuesta” de la Gobernación de firmar una “caución”.
Guillermo González, dirigente del sindicato de otro supermercado, encaró a Billy Gasca por la política. La masa rodeó al secretario de Gobierno cuestionado porque se cambiaron las cantidades. En un trimestre dejan comprar dos margarinas, luego son cuatro. Gladys González, secretaria sindical, sospechó de trampas para buscar responsables de la “escasez”.
Gasca les cuestionó cada argumento citando un caso de una cajera que entra a las 8.00 de la mañana y a las 10.00 facturaba alimentos. Les preguntó, “¿abandona su puesto de trabajo? Tengo las horas de compras. Horas, minutos y segundos. ¿El cajero deja la caja para comprar?” Guillermo González aseguró: “No vamos a firmar nada. No estamos incurriendo en nada malo”. Pero al final del día, tras reunión, se acordó elaborar un documento sindical y desbloquear al personal.