Debe respetarse de manera irrestricta las conquistas gremiales y las convenciones que contemplan derechos ya consagrados
Se ha dicho hasta el cansancio que Venezuela vive una crisis institucional porque afecta a todos los estamentos de la vida nacional. Impunemente se viola la Carta Magna y demás instrumentos jurídicos que permitirían decir vivimos en Estado de derecho, sin que haya consecuencias para los infractores.
En este contexto, el CNU, la AN y el Ministerio de Educación Universitaria (Meucyt) son generadores de los graves problemas que ocurren en las universidades porque no honran la Carta Magna y la Ley de Universidades, en cuanto al presupuesto adecuado para el funcionamiento institucional, dada la pluralidad, la democracia y espíritu crítico de la universidad autónoma, pues es un campo de libertad y de búsqueda de conocimiento.
Este año se utiliza la denominada precuota un presupuesto que apenas alcanza para tres o cuatro meses de actividades, el resto llegará por la vía del crédito adicional pero nunca se sabe su cuantía y menos cuándo llegará a la universidad. El artículo 20 de la LU establece que el CNU aprobará y distribuirá, el presupuesto anual, por eso apoyo el Comunicado de la Averu del 22 de septiembre 2015, cuando exponen que las “tablas salariales aprobadas en la IICCU violan artículos de la Carta Magna relativos a la progresividad de los derechos, la no discriminación sobre pactos y tratados internacionales, el salario suficiente, la protección a la carrera docente y la limitación de los recursos requeridos para su funcionamiento, disponer de bienes y servicios de calidad”, entre otros.
Asimismo, coincido en que se desconoce la normativa interna universitaria y los acuerdos federativos y actas convenios según las cuales el ajuste de las pensiones de los jubilados, pensionados por incapacidad y sobrevivencia debe ser igual al del personal activo. Esto es, debe respetarse de manera irrestricta las conquistas gremiales y las convenciones que contemplan derechos ya consagrados.
Las decisiones del Gobierno nacional son dardos envenenados contra la autonomía universitaria y dirigida a ponerla de rodillas ante la hegemonía y el autoritarismo. Sin embargo, pese al desconocimiento por el Gobierno nacional de la realidad inflacionaria del país, las universidades continúan peleando por su derecho a un presupuesto más justo y porque la calidad de la educación que da y las actividades académicas no pierdan su norte: coadyuvar al desarrollo integral de la nación,