Los argumentos para que un preso político salga son políticos, no judiciales y saldrán libres cuando políticamente le convenga a quien los tiene tras las rejas
Hay quienes dicen que parte de nuestra herencia española es la marcada preocupación por las formas cuando se trata de las normas. Esto se refleja plenamente con la frase “se acata pero no se cumple”, la cual tenía su propio sustento jurídico en el Derecho Foral, el cual otorgaba a ciertas provincias de España la posibilidad de no acatar aquellas instrucciones provenientes de la Monarquía que fueran contrarias a su propio ordenamiento jurídico.
Esta paradoja jurídica es una buena imagen de la relación ambivalente que tienen los países latinoamericanos con la Ley. De la misma manera como aquella otra frase que dice “para mis amigos todos, para mis enemigos la Ley”, es reflejo del uso de la Ley como un mecanismo de control más que como un marco para la búsqueda de la verdad dentro de un contexto normativo.
En Venezuela hoy, lamentablemente, esta separación entre la búsqueda de la verdad y la legalidad está claramente marcada. Las recientes declaraciones del fiscal Nieves abren dudas importantes sobre la transparencia del sistema judicial venezolano, y en vez de anunciarse investigaciones para tratar de esclarecer la verdad de sus denuncias se escuchan, por el contrario, fórmulas jurídicas en las que lo importante no es saber la verdad sino las formas.
Tan arraigada está la idea de la legalidad, que inclusive quienes se encuentran defendiendo la causa de Leopoldo López, creen que estas declaraciones serán suficientes para que el líder político salga de la cárcel; cuando su argumento central es que se trata de un preso político y si es así, las únicas razones por las que salga serán políticas. Claro que se debe seguir transitando el camino que dicta el sistema judicial kafkiano de estos tiempos, pero de ahí a pensar que será la Ley la que prevalezca tal vez muestra un excesivo optimismo.
En este contexto hay quienes de una vez piensan en el caso de Manuel Rosales, y su confianza en que pronto salga libre. Este es un caso particular, pues a diferencia de otros las acusaciones son por uso indebido de recursos públicos, no por temas políticos (aunque no se descarte que uno sea una excusa para el otro). Lo que ocurra en las próximas semanas sobre su destino será una señal de si se trata de un preso político o se trata de un caso fundamentalmente administrativo, pues al igual que López y cualquier otro en una situación similar, los argumentos para que un preso político salga son políticos, no judiciales. En otras palabras, los presos políticos saldrán libres cuando políticamente le convenga a quien los tiene tras las rejas.