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Quince años de destrucción de nuestra economía no podían producir otro resultado distinto al que estamos viviendo. Una crisis total que está pasando factura al Gobierno: desabastecimiento, aumento incontrolado de los precios, especulación, contrabando, cierre de empresas, agotamiento de las reservas internacionales que nos ha llevado a la conformación de una gigantesca deuda externa, incumplimiento con proveedores internacionales, reducción dramática de la producción de bienes de consumo y vivimos en un país sin papel higiénico, importación de todo lo que necesitamos e implantación de más controles de precios y mercadeo de bienes, nuevos planes contra el libre mercado para combatir lo que han llamado guerra económica como forma de eludir la responsabilidad de un Estado-Gobierno que no ha cumplido en hacer una gestión pública eficiente.
Un raquítico bolívar frente a un dólar que aumenta sin detenerse y un control de cambio pernicioso y promotor de toda corrupción posible. Una economía que sea mantenida a través de la adopción de medidas punitivas va camino al fracaso. Un país como el nuestro con una altísima población en la pobreza y sin trabajo, que les garanticen sus derechos sociales fundamentales, los que se han querido otorgar a través de la promulgación de decretos para aumentos de salarios se enfrenta a una cruel realidad, que le pulveriza los insuficientes bolívares que recibe por causas de una economía estrangulada, haciendo nugatorios dichos aumentos y empeorando sus carencias y las condiciones de vida a que esa población está sometida.
Todas las vías utilizadas por el Gobierno para superar la crisis económica y social están agotadas, provocando un estado anímico de frustración y rechazo. La nueva política de precios que se anuncia estimulará aún más el mercado negro de alimentos lo que agudizará el malestar y las protestas.