La votación del 6-D puso sobre el tapete la necesidad de restablecer los mínimos estándares de respeto y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos
Este 10 de diciembre se cumplirán 67 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Es un acontecimiento que no puede pasar por debajo de la mesa en Venezuela, especialmente, y en el mundo. Se trata de reconocer los errores y reparar los daños. Se trata de cumplir con la Constitución y los compromisos internacionales. Se trata de volver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de abolir la Ley Habilitante. Se trata de restablecer el Estado de derecho y de justicia. Se trata de la paz, la seguridad y la justicia. En fin, se trata de los derechos humanos y su garantía.
En efecto, la votación del 6 de diciembre puso sobre el tapete la necesidad de restablecer los mínimos estándares de respeto y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El votante opositor castigó a un Estado, a unos legisladores, a un Presidente, a unos jueces, a unos fiscales y otros funcionarios que no han cumplido con lo más básico de su propia Constitución.
La declaración del 10 de diciembre de 1948 fue el logro jurídico y el compromiso más importante del mundo en el siglo XX, luego de haberse constatado la realización de los peores crímenes que seres humanos podían cometer contra sus semejantes haciendo uso de los recursos del Estado, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
En 1948 Venezuela se adscribió a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, además de diversos pactos y convenciones mundiales y regionales, en los cuales se aceptó que "todos (as) tenemos todos los derechos".
La doctrina de los derechos humanos, obligatoria en Venezuela por mandato constitucional, establece que el derecho a la paz es universal sin discriminación alguna, indivisible, inviolable, de obligatoria garantía por parte del Estado y sus funcionarios, igual e interdependiente de todos los demás derechos.
Una tarea insoslayable de la Asamblea Nacional actual es poner fin a la inconstitucionalidad e ilegalidad del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última instancia subsidiaria para obtener justicia y seguridad, debido a que nunca hubo derogación de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. De no hacerlo como deberían, le pido a la nueva Asamblea Nacional recién electa que lo haga. Es un deber fundamental para con las víctimas que anhelan y merecen justicia y paz seguras.