La Fiscal General asegura que en 2015 hubo 17 mil 778, 10 mil menos de lo que estima el Observatorio Venezolano de Violencia. AN aprobó acuerdo para crear un plan que aborde la crisis de administración de justicia
La fiscal general de la República dio la cara pero no aceptó preguntas. Luisa Ortega Díaz presentó su informe de gestión 2015 ante la plenaria de la Asamblea Nacional en una rápida lectura que tardó 50 minutos.
Siete mil 859 investigaciones por hechos de corrupción inició el Ministerio Público en 2015. Precisó que mil 450 personas fueron acusadas por obtención fraudulenta de divisas. Aseveró que existía una "gran debilidad" en estos procesos porque en la mayoría de los casos el acusado era quien poseía las evidencias. Mencionó casos simbólicos como el de Andorra, del cual dijo que han solicitado la repatriación de capitales.
La titular del Ministerio Público aseguró que son “garante de los derechos humanos de los ciudadanos”, y que durante 2015 se imputó a mil 312 funcionarios, de los cuales 132 están tras las rejas. Agregó que 29 funcionarios fueron procesados por incurrir en el delito de tortura y otros 503 por infligir malos tratos. Recordó que todas las personas privadas de libertad por los sucesos violentos ocurridos en febrero de 2014 fueron procesadas.
“Los errores de la gestión los asumo, así como las consecuencias que de ellos deriven”, dijo Ortega Díaz quien desde la tribuna de oradores se “atrevió a sugerir” una reforma al Código Penal venezolano. “Se requiere un nuevo Código con una amplia política de prevención social del delito, abordar el tema de las causas del delito”.
La Fiscal se paseó por las cifras de homicidios de 2015, que según las estadísticas oficiales fueron 17 mil 778. Diez mil menos que las registradas por el Observatorio Venezolano de Violencia, que indicó en su informe anual que el año pasado culminó con una cifra estimada de 27 mil 875 muertes violentas.
“El 82 por ciento de los homicidios son cometidos por armas de fuego”, precisó la titular del Ministerio Público tras referir que la tasa de homicios en 2015 fue de 58,1 por cada 100 mil habitantes, “confirma que tenemos un grave problema de violencia delictiva”.
La cifra sirvió como preámbulo a otra petición que extendió al Parlamento: “El desarme es importante y se debe abrir un dialogo nacional para reducir significativamente el comercio y porte de armas de fuego por parte de la población civil”, expresó al solicitar la ejecución de la Ley Desarme aprobada por la antigua AN chavista.
Adiós a la impunidad
El debate inició en el hemiciclo luego de la rápida partida de la fiscal. Delsa Solórzano, diputada de la Mesa de la Unidad, no perdió tiempo y respondió a Luisa Ortega Díaz. “En este país la realidad es que mientras los fiscales y jueces persiguen a los que pensamos diferentes nadie persigue a los delincuentes”.
“Se acabó el tiempo de la impunidad”, exclamó al recordarle a la funcionaria del MP que desde su llegada a la Fiscalía en el año 2007, “en Venezuela se han registrado 167 mil homicidios, según las cifras oficiales de sus informes de gestión”. Por ello, informó que la Comisión de Política Interior, que preside, citará a comparecer “a la fiscal que hoy (ayer) vino a escurrir el bulto”.
Sobre el desarme, Solórzano recordó que “es una competencia del Ejecutivo a través de Ministerio de Interior y Justicia” ejecutar los planes de seguridad pertinente para la incautación y destrucción de armas de fuego. “Pero no importa, también llamaremos al ministro (Gustavo González López) a interpelación. Porque hay granadas en la calle, dice la fiscal, eso es responsabilidad de Cavin, eso también lo vamos a preguntar”, soltó.
La mayoría de la fracción opositora aprobó un acuerdo sobre la crisis de administración de justicia en Venezuela. Corresponderá a la Comisión de Política Interior diseñar “un plan emergencia para abordar esta grave crisis”, analizar “el sistema de justicia, el sistema penitenciario, la seguridad ciudadana y la depuración de cuerpos policiales” y “atender de modo especial el control en lo relativo a los concursos de jueces, fiscales y defensores públicos para evitar así la politización de los órganos de justicia”.
No habrá extradición
La fiscal general de la República precisó que Venezuela no solicitará la extradición Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol que resultó detenido en Suiza por el caso de corrupción que salpicó en 2015 a la cúpula de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Ratificó que a Esquivel le fueron congeladas sus cuentas bancarias y continúan las investigaciones en su contra.