El abogado Héctor Fuentes calificó de “inaceptable” que el Gobierno haga uso de medios públicos para acusar de terroristas a dirigentes y miembros del partido Voluntad Popular. “Eso es grave y al ser información falsa constituye un vilipendio al honor de la organización”, precisó
El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en compañía del dirigente nacional de la tolda naranja, Juan Andrés Mejía, acudió a la Fiscalía General de la República para consignar una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Comunicaciones, Luis José Marcano, y Rafael Ortega, autor del documental “Ley de Amnistía, confesiones de partes”, por instigación al odio, peculado de uso y ofensa a diputados de la Asamblea Nacional.
Los dirigentes estuvieron acompañados por los abogados María Huerta y Héctor Fuentes.
Fuentes explicó que el documental, presentado el pasado martes 16 de febrero en cadena nacional, critica la Ley de Amnistía pero además hace descalificaciones “que son muy graves” contra personajes opositores como Diana D´Agostino, Antonieta Mendoza de López, de Juan Andrés Mejía, de Delsa Solorzano, de Henry Ramos Allup y el propio Freddy Guevara.
En el material audiovisual se acusa a estas personas de pertenecer a “un grupo elitesco” de intentar implantar en el país “acciones terroristas y fascistas”. También se acusa a Leopoldo López de ser “el líder de la célula terrorista Voluntad Popular”.
“Catalogar a una organización política legítima y legalmente constituida de ser una célula terrorista es grave y al ser información falsa e infundada constituye un vilipendio al honor de la organización, los activistas y su seguridad”, declaró el jurista.
Fuentes detalló que según la disposición segunda de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 12 de la Ley Resorte dicen que la cadena nacional debe ser convocada por el Presidente de la República para temas de interés nacional.
“Aunque el Presidente no haya hablado, solo él es competente para declarar una trasmisión conjunta. Si el autorizó una trasmisión conjunta con este contenido, entonces es responsable del contenido del video. Además, el documental es presentado por el Ministro de Comunicaciones e Información, entonces, Nicolás Maduro y Luis Marcano son presuntamente responsables por la difusión nacional de un documental que llama terroristas a un grupo y eso implica que hay delitos de instigación al odio, peculado de uso, por hacer uso de la red pública de comunicación para fines legales distintos a los que la ley le da a estas autoridades para el ejercicio de estas competencias”, señaló.
El abogado calificó de “inaceptable” que el Gobierno haga uso de medios públicos “para fines partidistas privados”.
“No puede ser una finalidad pública la violación de los derechos constitucionales de una persona o grupos de personas y llamar terroristas a un grupo de personas sin pruebas, es una violación de sus derechos constitucionales”, aseguró.