Los diputados opositores respondieron al TSJ con acuerdo de rechazo a la sentencia que pretende limitar sus funciones. Diputados opositores afirman que no permitirán al TSJ “inmiscuirse por razones políticas en la atribuciones de la AN”
Mayoría opositora en la AN alzó su voz y rechazó decisión del TSJ. En la plenaria de la Asamblea Nacional los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobaron un acuerdo que llevarán a instancias internacionales.
El documento avalado con el voto de la bancada mayoritaria opositora, acordó solicitar la activación de mecanismos internacionales que garanticen la democracia y la institucionalidad parlamentaria, “ante el intento de socavamiento de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional”.
La denuncia será consignada por los opositores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana “al haberse cometido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia” en Venezuela.
Durante la exposición de los argumentos que sustentan la decisión legislativa el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró que la sentencia número nueve publicada el 1 de marzo es «inválida».
“Antes de perpetrar esta sentencia no se dio cuenta (la Sala Constitucional) que violó el artículo 40 de su propia Ley del TSJ. Los tres magistrados exprés -nombrados en diciembre de 2015 por la antigua AN- no firmaron la sentencia. Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante”, argumentó Ramos Allup.
El diputado zuliano, Omar Barboza, consideró como un golpe contra la soberanía del pueblo la decisión de la Sala Constitucional, instancia que según su opinión, obedece a las disposiciones del Ejecutivo para aplicar sentencias complacientes. «Es evidente que todas estas estrategias para controlar el Poder Judicial tiene un objetivo macabro: garantizar la impunidad», indicó.
No es la primera vez
Desde la tribuna de oradores del hemiciclo, Barboza recordó que existe precedentes en los que la AN rechazó decisiones del TSJ, como la gaceta Oficial 38.651 en la que el Parlamento refutó una sentencia del Poder Judicial del 22 de marzo de 2007. Reprocha que «ahora esta sentencia dice que es una facultad exclusiva y excluyente de la Sala Constitucional» cuando la Ley Orgánica del TSJ fue constituida por iniciativa del Poder Legislativo.
En su intervención, el presidente de la AN también se refirió a las sentencias anteriores en las que –considera- el TSJ intentó ejercer el control sobre la oposición. Mencionó casos de exdiputados como Ríchard Mardo; los exalcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, la disputa interna del partido Copei y este año las impugnaciones sobre los diputados de Amazonas y el decreto económico de Maduro.
Acceso a la información
El segundo punto en el orden del día en el Palacio Federal Legislativo fue el proyecto de ley de Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de la Unidad en primera discusión.
“Todos los países de América Latina están desarrollando la transparencia para sus ciudadanos, menos Cuba y Venezuela”, aseveró uno de los propulsores del estamento jurídico, el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla.
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