El país está rechazando la implantación a la fuerza de la denominada “Nueva Geometría del Poder” que acaba con la autonomía del poder público estatal y municipal
La nueva mayoría de la Asamblea Nacional tiene claras las aspiraciones de la provincia venezolana que representa: rescatar el ejercicio pleno de las competencias y los recursos de los estados y municipios, que junto con la República, conforman el poder público establecido en la Constitución dentro del Estado Federal Descentralizado. Es necesario poner un freno al intento “revolucionario”, de que el inexistente poder popular anule por completo al poder público, en aras de un nuevo centralismo representado por el denominado Estado comunal: socialista, centralizado, unitario, militarista y policial.
La política de descentralización establecida en el artículo 158 de la Constitución, no puede seguir siendo olímpicamente ignorada, pues representa la única forma de profundizar la democracia plural, acercar el poder a la población y elevar la eficiencia y eficacia de la administración pública. El país está rechazando la implantación a la fuerza de la denominada “Nueva Geometría del Poder” que acaba con la autonomía del poder público estatal y municipal, promoviendo instancias sin autonomía como los consejos comunales y comunas de clara orientación político-partidista.
Por ello no es posible, que mientras en Venezuela existen 23 estados y solo 335 municipios, desde hace 17 años, el régimen pretenda manejar para el 2019 desde un ministerio, tres mil comunas y 40 mil consejos comunales, que controlen política e ideológicamente al 68 por ciento de los venezolanos. Con el fin de enfrentar esta situación, una de las leyes que debe reformarse lo antes posible, para iniciar por la base, la recuperación del poder público, y el Estado Federal, es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Urge la creación de nuevos municipios que este régimen ha impedido crear, con sus respectivas parroquias, con directivos electos por el voto popular, para hacer realidad el derecho de las ciudades al Gobierno propio, respetando el principio de la diferenciación de regímenes municipales. Además, es necesario volver al pluralismo y a la diversidad en la representación de la sociedad civil en las instancias de participación municipal.
Los consejos comunales y comunas deben ser de naturaleza civil, ciudadana y no estatal ni partidistas. Deben recuperar su naturaleza democrática como la tienen las juntas de vecinos y otras organizaciones de la sociedad civil. No pueden seguir actuando en el ámbito municipal como mecanismos político-partidistas del poder nacional. Igualmente, hay que reforzar la autonomía y limitar la potestad del poder nacional de imponer al municipio mecanismos de control abusivos, pues ellos atentan contra el federalismo cooperativo establecido en la Constitución. Llegó la hora de comenzar la verdadera revolución federal, desde la unidad política primaria de la organización nacional: el municipio.