Contraloría General ejecuta su jugada para atar de manos a la AN. Para Henry Ramos Allup, quieren impedir investigaciones. El abogado constitucionalista José Vicente Haro sugiere que la Asamblea debe concretar la solicitud de activación de la Carta Democrática
Se teje la camisa de fuerza sobre la Asamblea Nacional. La circular firmada por el Contralor Manuel Galindo el 17 de marzo, instruye a los contralores regionales y municipales a no suministrar información a la AN sin antes pasar por el “estudio y la consideración” de su despacho.
El oficio hizo reaccionar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien de inmediato califico el hecho como un intento de limitar las funciones del Parlamento. “CGR (Contraloría General de la República) no solo incumple sus deberes al alcahuetear la corrupción del régimen sino que impide que la AN investigue”, escribió Ramos Allup en su cuenta de Twitter.
Según el documento de la CGR, amparado en los artículos 4, 14 –numeral 10 y 33 –numeral 1- de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; “Todo requerimiento realizado por el Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sus comisiones permanentes o sub comisiones, deberá ser remitido en original a esta Entidad Fiscalizadora Superior a fines de su estudio y consideración bajo el marco Constitucional y legal”.
¿TSJ inconstitucional?
Más temprano Ramos Allup también utilizó la red social para reaccionar a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de avalar la vigencia del decreto de emergencia económica, a pesar de que la prórroga del escrito fue rechazada el jueves por la mayoría del Parlamento.
“Del hampa judicial enguarimbada en sala (in) constitucional nada puede asombrar. Sólo asombraría que alguna vez no violaran la CRBV (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”, escribió el diputado opositor.
Apenas horas después de ser rechazada la prórroga del decreto en el Palacio Federal Legislativo; la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia publicó que la medida presidencial atiende aspectos de seguridad económica “y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado”.
Recomiendan ir a la OEA
Para el constitucionalista José Vicente Haro, la actuación de la Contraloría es una consecuencia del “golpe de Estado que la Sala Constitucional del TSJ dio al Legislativo” a principios de marzo. “Es muy grave porque viola el derecho de la AN, la potestad de investigación, de control político y contralor, consagrados en los artículos 222, 223 y 224 de la Constitución. A la final esta acción viola el derecho de los venezolanos a conocer cuál es el destino que se le da a los recursos públicos”, explicó.
El constitucionlista sugiere que el próximo paso del Parlamento debe ser formalizar la solicitud de activación de la Carta Democrática, tal como lo aprobó la mayoría parlamentaria el 10 de marzo en plenaria.
“Es necesario, es urgente que se haga porque que cada día vemos como la AN está quedando sin poder cumplir sus atribuciones. Lo que corresponde es que la AN a través de la comisión de Política Exterior remita una misiva al Secretario General de la OEA con copia al Consejo Permanente”.