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Phil Williams en su ensayo “Lawlessness and Disorder: An Emerging Paradigm for the 21st Century” hace un análisis de los centros urbanos como megatendencias que favorecen la inestabilidad, por la incidencia de varios factores negativos en esas localidades.
Las megatendencias son conceptualizadas como grandes fuerzas sociales que afectan durante un largo período de tiempo todas las áreas de la sociedad civil, los Estados, los mercados y las culturas, entre otros.
Si bien las ciudades han sido motores de crecimiento económico, centros de conocimiento e innovación, también son campo para la proliferación de la pobreza, la delincuencia y la inestabilidad. En casos extremos ciertas zonas urbanas podrían degenerar en “ciudades salvajes”, término utilizado por Richard J. Norton para calificar poblaciones urbanas ingobernables y fuera de control. Norton es PhD en Relaciones Internacionales y profesor de Asuntos de Seguridad Nacional, en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos de América.
Existen pocas dudas a que la tendencia apunta a una proliferación en el número de ciudades de mayor tamaño, e interconectadas unas con otras. Esto traería como consecuencia una mayor distribución de problemas de carácter global. Una prueba de ello es que en 1975 solo había 3 mega ciudades con más de 10 millones de habitantes. Pasaron a ser 20 en el 2007 y se estima alcancen a ser 30 en el 2025. Menos pobladas, es decir entre 5 y 10 millones de personas se espera que lleguen a ser 50 en el 2025. Y grandes ciudades son también grandes problemas. Su tamaño genera peligros ambientales, conflictos con las leyes y deterioro acelerado de la infraestructura, especialmente en los países menos favorecidos económicamente. Incluso ciudades que no llegan a estar clasificadas en los grupos antes mencionados, han presentado graves problemas de violencia y homicidios como San Salvador, Medellín, Caracas o Ciudad Juárez.
Un factor que contribuye a la inseguridad en los centros urbanos son los barrios marginales, que parecieran ser inevitables especialmente en varias ciudades latinoamericanas, Asia Occidental y Meridional. Estos barrios se caracterizan por muy deficientes servicios públicos y educación, debilidades en saneamiento básico y viviendas precarias, todo en un entorno inseguro y violento. Los ciudadanos generalmente de origen rural, no se sienten identificados con un Estado que normalmente está ausente. Por su crecimiento acelerado, el impacto sobre los centros urbanos es considerable. Se estima que para el año 2030, la población de los barrios marginales del mundo llegue a los 2 mil millones de personas, es decir habrá crecido más del triple desde 1996 cuando se calculaba en 600 millones.
El sub empleo y desempleos tenderían a crecer, ya que las ciudades no tendrían la capacidad de generación de empleo suficiente. Los más afectados serían los jóvenes, los cuales se verían fácilmente tentados a incursionar en actividades ilícitas. Identificados como grupo vulnerable son reclutados por bandas, terroristas, alborotadores, depredadores, entre otros.
La inseguridad en crecimiento en Latinoamérica, ha generado en los ciudadanos un miedo generalizado. Y su manifestación se ha hecho evidente en los cambios de las infraestructuras residenciales que con altos muros, sistemas de alarmas, cercos eléctricos, iluminación especial y servicios de vigilancia, poco a poco van creando sectores fortificados. Esto genera a su vez una segmentación de áreas entre “peligrosas” y “seguras”, donde el ingreso o el tráfico de los que no son de la zona son prácticamente a su propio riesgo.
Las respuestas de los Estados por lo general no han sido las más adecuadas e incluso han cedido espacios a los delincuentes que no dudan en ocuparlos. Cuando esto sucede, se crea un Estado paralelo, informal e ilegal. La economía que ofrece promete empleo y bienes fáciles, para todos aquellos desposeídos o socialmente excluidos. Un reflejo de este tipo de situaciones bien lo explica Elizabeth Leeds quien es la asesora principal en Washington Office on Latin America (WOLA) en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos en Brasil, así como investigadora asociada en el departamento de estudios internacionales en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Leeds hace hincapié que los traficantes de drogas que ofrecen servicios sociales y protección, lo hacen no por altruismo sino únicamente como parte de un negocio para el que el dominio del espacio geográfico es vital. Las consecuencias a largo plazo son la ilegitimidad creciente del Estado, el fortalecimiento del crimen organizado y la transformación hacia ciudades de mayor inseguridad, caos y calidad de vida en general altamente cuestionable.