Al llegar al 1 %, el Poder Electoral debería pasar a la siguiente fase que es la validación por parte de los votantes. Seguidamente, convocar a la segunda jornada de recolección
Sigue el conteo. Vicente Bello, coordinador nacional de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya revisó 555 mil firmas como parte del proceso de verificación para activar el revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Hasta este miércoles, se habían evaluado 24 de las 80 cajas entregadas por la oposición el pasado lunes. El total es de un millón 850 mil rúbricas, aunque según la normativa solo se requieren 195 mil. Bello explicó que no es necesario revisar el total de las firmas entregadas.
Al llegar al uno por ciento (195 mil), el Poder Electoral debería pasar a la próxima fase que es la validación de estas rúbricas por parte de los votantes, y posteriormente, convocar a la segunda jornada de recolección de firmas, para lo cual se amerita la participación de 20 por ciento del padrón electoral. Notificó que se ampliará el equipo de revisión y la cantidad de testigos, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como de la Mesa de la Unidad (MUD), esto con el fin de acelerar el procedimiento.
Prohibido publicar planillas
El dirigente opositor recalcó la ilegalidad de la solicitud del PSUV de publicar las planillas del firmazo. “La ley prohíbe publicar datos personales de los electores”, acentuó. Aseguró que el referendo será este año y que en esa dirección, están trabajando. Después de los tres días en los que se recoja el 20 por ciento de las firmas, “el revocatorio debería estar convocándose a finales de agosto, si hay operación morrocoy, sería convocado en septiembre o en octubre que aún es tiempo hábil”.
Constitución protege a funcionarios
En declaraciones pasadas, Diosdado Cabello, diputado del PSUV, afirmó que los funcionarios públicos que hayan firmado, no deberían estar en sus cargos. Ante esto, Luis Emilio Rondón, rector principal del CNE, publicó en su Twitter “los funcionarios públicos no deben aceptar amedrentamiento por el ejercicio de sus derechos políticos. La Constitución se los garantiza”.