El presidente Nicolás Maduro anunció el viernes un decreto de emergencia económica y estado de excepción. José Vicente Haro, abogado constitucionalista, advierte que se trata de una clara pretensión de “justificar actuaciones inconstitucionales del Gobierno”
El presidente Nicolás Maduro anunció el viernes un decreto de emergencia económica y estado de excepción. José Vicente Haro, abogado constitucionalista, advierte que se trata de una clara pretensión de “justificar actuaciones inconstitucionales del Gobierno”. Al mismo tiempo en el que Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, asoma aspectos que podría contener el documento que firmó el primer mandatario y estará vigente por 60 días.
Destacan medidas para la participación del sector privado en los procesos productivos fundamentales del país. También el incremento de la participación de la Fuerza Armada Nacional en los procesos de distribución de alimentos y medicinas. Además de funciones que, junto con otros organismos de seguridad, garanticen el orden público “ante la amenaza de grupos criminales".
A través de su cuenta en Twitter, Marcano asegura que el estado de excepción facilitaría los trámites en la aprobación de recursos adicionales para el abastecimiento de productos de primera necesidad. Menciona también la involucración más acentuada de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) para hacer más efectiva la distribución directa de alimentos.
A pesar de que el primer mandatario firmó los decretos, solo se tienen pistas de su contenido. Ya algunos expertos advierte sobre su alcance.
Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, señala que el objetivo del decreto es proteger al Gobierno nacional.
"El decreto de emergencia no resuelve la crisis, sólo la agudiza y profundiza, pero intenta atemorizar a quienes quieran protestar", alerta el analista político en su cuenta en Twitter.
Explica que el Estado de Excepción suspende garantías constitucionales y le permite al Gobierno actuar sobre quienes considere enemigos. "Lamentablemente, esos 'enemigos' son empresas y empresarios que usa como chivos expiatorios para justificar la crisis de su modelo".
Haro, por su parte, expresa mediante su cuenta en Twitter que el documento “hace más imperiosa y urgente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”.
Y es que -insiste- la Asamblea Nacional tiene el deber no solo de no aprobar el decreto, sino también de revocarlo, según lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución. Pero, el antecedente del recientemente vencido decreto de emergencia económica, que fue rechazado por el Parlamento y luego aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia no ofrece un buen pronóstico para la Asamblea.
Implicaciones de un estado de excepción
Se restringen las garantías salvo:
* Los derechos a la vida.
* Prohibición de incomunicación o tortura.
* Derecho al debido proceso.
* Derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
* Libertad de expresión y manifestación.
* Suspensión de referendos o elecciones.