Los abogados que impugnan el encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos dijeron que el Gobierno salvadoreño está negando a los presos el acceso a abogados y el contacto con el mundo exterior.
En virtud de un acuerdo con el Gobierno salvadoreño, la Administración del presidente Donald Trump envió en marzo a 238 venezolanos a su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión más grande de América Latina, como parte de una ofensiva contra la inmigración.
Los abogados dijeron que no han podido visitar, hablar ni conocer el paradero y las condiciones de sus clientes, cuyas identidades obtuvieron a través de información filtrada.
La presidencia de El Salvador no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El presidente Nayib Bukele visitó la Casa Blanca el pasado lunes 14 de abril.
Abogados privados, algunos reclutados por el Gobierno venezolano y todos pagados por las familias, presentaron recursos de “habeas corpus” ante la Corte Suprema de El Salvador, buscando obligar al Gobierno a justificar la detención de los venezolanos deportados o liberarlos.
El bufete de abogados Grupo Ortega, que representa a al menos 30 de los deportados venezolanos, no recibe respuesta a ninguna de esas peticiones, dijo su director general Jaime Ortega.
“Ninguna de estas personas ha cometido delito en El Salvador, de eso sí estamos seguros, entonces, ¿por qué si son extranjeros y son gente que ha vivido en otros países han venido acá directamente a un centro penitenciario? Consideramos que no deben de estar en ese lugar”, dijo Ortega a Reuters.
Grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, repiten durante años que El Salvador carece de un Poder Judicial independiente y que la Corte Suprema no toma ninguna medida para considerar las peticiones de “habeas corpus” hasta la fecha.
Human Rights Watch (HRW) dijo el pasado viernes 11 de abril que no existe una lista oficial de los venezolanos detenidos y que los familiares no reciben respuestas a las solicitudes de información sobre su ubicación por parte de las autoridades salvadoreñas y estadounidenses.
El grupo de derechos humanos pidió al Gobierno salvadoreño que confirme quiénes están detenidos y dónde, revele cualquier base legal para su detención y les permita contacto con el mundo exterior.
El grupo salvadoreño de derechos humanos Cristosal está preparando solicitudes de “habeas corpus” para más de 100 venezolanos, pero su director Noah Bullock no es optimista sobre el resultado.
El grupo presentó más de 7.200 solicitudes de “habeas corpus” sin respuesta para los salvadoreños arrestados bajo el gobierno de Bukele.
El mandatario, de 43 años, llegó al poder en 2019 con la promesa de combatir las notorias pandillas y la delincuencia del país. Desde entonces, su partido actúa en el Congreso para destituir al fiscal general y a los cinco jueces de la Corte Suprema, reemplazándolos por leales al partido.
El presidente declaró el estado de emergencia hace aproximadamente dos años, necesario para implementar la represión. Desde entonces, las autoridades salvadoreñas detuvieron cerca del 2 % de la población adulta y la tasa de homicidios disminuyó significativamente.
Las medidas generan críticas generalizadas, incluso por parte de Estados Unidos, por la suspensión de derechos constitucionales como el debido proceso y el derecho a un abogado, así como por informes de detenciones arbitrarias, torturas y muertes.
Fuente: Reuters
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