Un grupo de 264 académicos e investigadores venezolanos rechazan la intención de vincular al parlamentario y profesor universitario con supuestos planes conspirativos contra el gobierno nacional y que estarían siendo manejados por un tribunal militar de la nación
Un grupo de 264 académicos e investigadores venezolanos denunció a través de un comunicado el manejo de un expediente por parte del Tribunal Militar Tercero de Control -a cargo del Capitán Mickel Amézquita Pion- que involucra al diputado José Guerra con actos vandálicos y actividades delictivas.
En el texto señala los docentes se dirigen a la opinión pública para expresar enfáticamente “su más contundente rechazo a un conjunto de infundadas acusaciones y de muy peligrosas acciones que desde el Ejecutivo nacional buscan involucrar al profesor universitario y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, en supuestos actos vandálicos y otras actividades delictivas”.
Aseguran cómo se ha intentó usar el testimonio de unos jóvenes “arbitrariamente detenidos, que a decir de sus familiares fueron además sometidos a torturas y tratos crueles, para involucrar al profesor José Guerra en una supuesta conspiración política”.
Acusaron la intención de involucrar al parlamentario en la sustracción de prendas militares “sin prueba alguna”.
En el texto los 264 profesores aseguran que Guerra se encuentra entre de los profesionales más destacados de las ciencias económicas en Venezuela, con una trayectoria profesional impecable y una reconocida obra académica. “Damos fe de su integridad ética y moral y de su elevada condición ciudadana sustentada en intachables principios y valores democráticos”, agregan sus compañeros en el texto.
Asimismo, alertan a la comunidad académica nacional e internacional, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a los parlamentos de la región y del mundo, y a las delegaciones diplomáticas de los gobiernos asentadas en Venezuela, sobre la posibilidad de que partiendo de estas infundadas falaces acusaciones, y contra lo prescrito en el ordenamiento jurídico interno y la Constitución Nacional, que se pretenda ahora usar la justicia militar contra un destacado académico venezolano y servidor público venezolano.
“Vemos con mucha preocupación como por motivaciones políticas interesadas, y en acciones claramente contrarias al respeto del debido proceso y los derechos humanos, el gobiernonacional ha venido utilizando progresivamente la jurisdicción militar en procedimientos cuyo fin fundamental parece ser detener las crecientes manifestaciones de descontento acumulado de la sociedad venezolana. En ésta oportunidad queremos además recordar que los pactos y tratados de protección de derechos humanos suscritos por la República, garantizan el derecho al debido proceso y a ser juzgado por el juez natural, mientras que la Constitución Nacional es clara en su artículo 49 al señalar que toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales con las garantías consagradas en la Constitución y la legislación vigente”, plasman los docentes en el comunicado que acompañan a sus rúbricas.