Activistas piden liberación de «presos políticos» para Año Nuevo

Foto: Referencial
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El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales solicitó que se otorgue «amnistía como medida humanitaria» para liberar a estos ciudadanos que, aseguró, están en prisión «injustamente»

 

Familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela pidieron este sábado al Estado «amnistía como medida humanitaria» de Año Nuevo para que un grupo de privados de libertad, a los que consideran presos políticos, puedan regresar a sus hogares en 2023.

 

«Durante 2022 la presión política mantuvo a más de 300 venezolanos inocentes tras las rejas, víctimas del patrón de persecución a la disidencia, separando así a más de 300 familias que para este 2023 exigen poder volver a estar con sus seres queridos», dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en Twitter. 

 

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales solicitó que se otorgue «amnistía como medida humanitaria» para liberar a estos ciudadanos que, aseguró, están en prisión «injustamente». 

 

En una nota de prensa difundida este sábado, el comité instó a la ciudadanía a solidarizarse y sumarse a la lucha por estos detenidos cuyas familias esperan su liberación. 

 

Diego Casanova, líder del movimiento estudiantil y miembro de este grupo, recordó que Navidad y Año Nuevo son fechas en las que comúnmente se otorgan indultos y medidas humanitarias a los presos políticos, por lo que pidió al Estado venezolano considerar esta posibilidad. 

 

«Ellos y sus familiares merecen reencontrarse y celebrar en libertad un Año Nuevo», dijo el activista, citado en el escrito. 

 

La semana pasada, la ONG Foro Penal afirmó que en Venezuela hay 274 reos a los que considera presos políticos, de los que 261 son hombres y 13 son mujeres. Además, 123 son civiles y 151 militares.

 

Igualmente, detalló que, del total, 120 fueron condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.

 

Añadió entonces que se han registrado 15.777 «detenciones políticas» desde 2014 y que, además de los llamados presos políticos, «más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad» en el país.

 

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