Defensores de los inmigrantes condenaron este viernes 30 de mayo la decisión del Supremo de Estados Unidos de permitir al gobierno de Donald Trump poner fin a la protección legal temporal para más de medio millón de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, calificando el fallo como “la mayor deslegalización” migratoria en la historia moderna del país.
La máxima corte estadounidense dejó sin efecto una orden temporal de una juez federal que consideró que la Casa Blanca no podía anular el llamado “parole humanitario” concedido por el gobierno de Joe Biden, que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE. UU.
Sin embargo, la decisión del Supremo es temporal y el litigio legal deberá continuar en un tribunal federal de Massachusetts.
En febrero pasado, las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First presentaron una demanda en nombre de los beneficiarios del programa conocido como CHNV y sus patrocinadores, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, para detener la decisión de Trump de poner fin al beneficio.
La decisión de este viernes 30 representa “la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna”, declaró este viernes en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.
“La Corte Suprema ha permitido que la Administración de Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, agregó la activista.
Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que la población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el Gobierno federal de EE. UU. les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años.
El expresidente Biden usó el poder del Ejecutivo para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor afluencia entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.
Sin embargo, al final de su mandato anunció que no extendería los permisos de estancia, lo que habría pesado para inclinar la balanza a favor de Trump en la decisión del Supremo.
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, advirtió que la postura de los demandantes sigue siendo la misma.
“La Administración de Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos”, señaló, por lo que se proseguirá con la demanda.
El de este viernes 30 es el segundo fallo del Supremo que afecta a los venezolanos tras autorizar hace 10 días a Trump el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 inmigrantes de esa nación.
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